La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha expresado su creciente inquietud ante el impacto económico que está generando la prolongación del conflicto en Oriente Medio sobre las empresas del sector. La organización advierte de que la situación continúa deteriorándose y reclama al Gobierno nuevas medidas que permitan amortiguar los efectos que ya están sufriendo numerosas compañías.
Aunque todavía no es posible cuantificar con precisión el alcance total de la crisis, FIAB señala que las consecuencias ya se dejan sentir en varios frentes: alza de los precios energéticos, incremento de los costes logísticos, encarecimiento de fletes y seguros, así como restricciones en el transporte marítimo y aéreo, con cancelaciones de embarques, contenedores retenidos en puertos y una elevada incertidumbre en los plazos de entrega. Todo ello, subrayan, está afectando directamente a la competitividad y a la capacidad de planificación de las empresas.
“Más de dos meses después del inicio del conflicto, y pese a la aparente pausa en los combates, el cierre del estrecho de Ormuz continúa generando importantes distorsiones económicas”, afirma Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.
La Federación valora positivamente las actuaciones adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo, pero considera necesario reforzar y ampliar las medidas vigentes. Entre sus prioridades, FIAB propone la creación de un mecanismo de ayudas directas que compense el incremento extraordinario de costes derivados de la situación geopolítica.
Asimismo, la patronal solicita una reducción temporal de la presión fiscal y administrativa, incluyendo la suspensión del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, dada la excepcionalidad del contexto actual.
FIAB también insiste en la importancia de garantizar el acceso a materias primas y suministros, diversificando orígenes y facilitando la apertura a mercados alternativos. En el ámbito del comercio exterior, la organización plantea medidas que favorezcan la exportación, como la eliminación de obstáculos en el transporte, la mejora de la eficiencia logística, la simplificación de trámites aduaneros y la habilitación de green lanes que agilicen el tránsito de mercancías.
En materia laboral, la Federación pide al Gobierno instrumentos que permitan proteger el empleo en un escenario marcado por la incertidumbre y la volatilidad internacional.