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Economía

Adaptación a la retirada de Reino Unido de la UE

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas para la adaptación del ordenamiento jurídico español a la nueva situación generada tras el fin del periodo transitorio y la retirada definitiva de Reino Unido de la Unión Europea.

Los planes de preparación y contingencia aprobados comprenden tres tipos de acciones: normativas, logísticas (dotación de medios materiales y personales) e informativas. Y gracias a los trabajos de preparación desarrollados, España estará en mejores condiciones para hacer frente a la situación sin precedentes que se producirá, a partir del 1 de enero, y que dará lugar a cambios de gran alcance en múltiples aspectos de la relación con Reino Unido, que afectarán a ciudadanos, operadores económicos y administraciones.

El Real Decreto-Ley contempla una serie de medidas sometidas a un plazo limitado, así como que será necesaria reciprocidad por parte de las autoridades británicas, previéndose suspensiones en ausencia de esa reciprocidad en el plazo de dos meses. Además, se ha incluido una disposición final dirigida a asegurar que la entrada en vigor de las medidas es plenamente compatible con la eventual entrada en vigor de los Acuerdos alcanzados por la Unión Europea y Reino Unido el pasado 24 de diciembre.

Para todos aquellos que hubieran iniciado su actividad antes del 1 de enero de 2021, las medidas adoptadas permitirán que los británicos puedan seguir ejerciendo profesiones para cuyo ejercicio se exija ser nacional de un Estado miembro. Se prevé un plazo de cinco años para presentar solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales y que sean resueltas bajo el régimen actual.

También se permite que los nacionales de Reino Unido o nacionales UE residentes en Reino Unido que ejerzan una profesión de manera temporal en España puedan continuar ejerciéndola para cumplir los contratos firmados antes del 1 de enero. Las sociedades profesionales británicas, por su parte, podrán seguir desarrollando su actividad en España durante un plazo de seis meses (hasta el 30 de junio de 2021). El plazo se extiende a todo 2021 para los auditores y sociedades de auditoría.

Se contempla, además, el acceso y mantenimiento de la condición de empleados públicos de los ciudadanos británicos en España, siempre que el acceso se produzca antes del 1 de enero, así como la posibilidad de participar en procesos selectivos de las Administraciones Públicas siempre que la solicitud se presente antes de la misma fecha.

En cuanto a las relaciones laborales, las medidas adoptadas, prevén el mantenimiento del régimen transitorio aplicable en relación con los trabajadores desplazados temporalmente por empresas españolas a Reino Unido en el marco de una prestación de servicios (se prevé que sigan aplicando la legislación del Reino Unido de transposición de la Directiva 96/71/CE).

Además, se contempla la posibilidad de que los trabajadores de empresas establecidas en el Reino Unido desplazados a España con anterioridad a 31 de diciembre de 2020 puedan permanecer en España para la prestación de dicho servicio hasta que concluya el desplazamiento.

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