La reciente escalada de tensión en el estrecho de Ormuz ha vuelto a evidenciar una vulnerabilidad clave del comercio exterior español: su fuerte dependencia del transporte marítimo y, al mismo tiempo, la escasa capacidad nacional para controlarlo.
España canaliza aproximadamente el 85% de sus importaciones y el 60% de sus exportaciones por vía marítima, lo que convierte al transporte naval en una infraestructura crítica para su economía. Sin embargo, solo en torno al 8% de ese tráfico está operado por navieras españolas, dejando el grueso en manos de operadores internacionales.
Esta limitada presencia contrasta con otros países europeos como Grecia o Dinamarca, que cuentan con flotas mercantes mucho más potentes y estratégicamente posicionadas. En situaciones de crisis -como las recientes tensiones en Oriente Medio, los ataques en el Mar Rojo o el impacto prolongado de la guerra en Ucrania- esta dependencia se traduce en una menor capacidad de reacción.
En la práctica, esto implica que empresas españolas quedan más expuestas a incrementos en los costes de flete, cambios en rutas comerciales o decisiones operativas tomadas fuera del país. Sectores especialmente sensibles como la energía, el agroalimentario o la industria dependen directamente de la estabilidad de estas rutas marítimas.
El contexto actual refuerza una idea cada vez más presente en el debate económico europeo: la logística ya no es solo una cuestión operativa, sino un elemento de soberanía estratégica. En este escenario, la limitada flota mercante española se convierte en un factor de riesgo que podría condicionar la competitividad del comercio exterior en un entorno global cada vez más incierto.