Jaime L. Iglesias Gallardo y Renan Migliorini Ismerim Santos
Garrigues Brasil.
El 17 de junio de 2019, el presidente Jair Bolsonaro aprobó la Medida Provisional 863/18, que versa sobre la apertura del sector aéreo brasileño al capital extranjero. En virtud de la misma, se autoriza la participación del capital extranjero (hasta el 100%) en las aerolíneas brasileñas, las únicas autorizadas a operar vuelos internos.
El cambio es realmente significativo porque el sector aéreo había sido, tradicionalmente, un sector relativamente cerrado a la inversión extranjera. De hecho, el Código Aeronáutico Brasileño (Ley 7.565/86) determinaba que al menos el 80% del capital con derecho a voto en las aerolíneas brasileñas debía pertenecer a brasileños, es decir, limitaba la participación del capital extranjero con derecho a voto en las empresas al 20%, lo cual restaba atractivo a los inversores extranjeros.
Debido al alto potencial económico de este mercado (el sexto más grande del mundo, según datos del Ministerio de Infraestructuras Brasileño), la Medida Provisional 863/18 ya ha provocado movimientos de inversores extranjeros, incluyendo inversores españoles. Según información de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac), el grupo español Globalia ya ha solicitado y recibido las autorizaciones necesarias para operar vuelos regulares en Brasil, convirtiéndose en el primer inversor extranjero en tener un 100% del capital de una aerolínea en la historia del sector aéreo brasileño. El grupo español, que es propietario de Air Europa, ya habría constituido una filial en Brasil para empezar a operar las rutas nacionales, además de los vuelos internacionales que ya opera entre Brasil y España, que conectan diversas ciudades brasileñas con España.
Se esperan otros movimientos en la misma dirección, principalmente de empresas extranjeras que ya cuentan con participaciones minoritarias en aerolíneas brasileñas, como los casos de Gol y Azul, que cotizan en la bolsa de valores oficial de Brasil, y que tienen a Delta Airlines y a United Airlines, respectivamente, como sus accionistas.
Dicha apertura del sector aéreo al capital extranjero también coincide con la concesión al sector privado de aeropuertos muy importantes y estratégicos del país. Además de las próximas licitaciones que ya han sido confirmadas por el Gobierno, que serán llevadas a cabo hasta el año 2021, las últimas licitaciones ya han significado que doce aeropuertos pasen a ser gestionadas por empresas privadas principalmente inversores extranjeros, entre ellos, la española Aena, que administrará seis aeropuertos en el noreste del país.
La combinación de la apertura del sector de las aerolíneas y las concesiones de los aeropuertos tiende a traer resultados muy positivos para la economía y el funcionamiento del sector, ya que los operadores de los aeropuertos tendrán que buscar fuentes de ingresos para rentabilizar la inversión, lo que significa intentar conseguir la máxima ocupación posible de sus terminales (es decir, atraer vuelos de las aerolíneas).
Al hilo de estas novedades, el Gobierno brasileño espera que la búsqueda de nuevos clientes dispuestos a utilizar las terminales se traduzca en una mayor competencia en el sector aéreo, estimulando nuevas inversiones y atrayendo cada vez más inversores al sector.
La estrategia adoptada hasta ahora refleja claramente la línea del equipo económico del gobierno, que tiene como uno de sus principales objetivos el cambio de la mentalidad proteccionista mostrando una gran preocupación y compromiso con la apertura de la economía nacional y la promoción de la competencia en los diferentes sectores, especialmente los relativos a las infraestructuras.
Es una tendencia que ha de continuar pero que aún tiene el desafío importante de convencer al Congreso brasileño que, en última instancia, es quien ha de aprobar muchas de estas medidas de apertura.