“Atentado contra la empresa y el empleo” es el nuevo artículo de opinión de José Mará Triper, periodista económico y colaborador de Moneda Única.
En un país que duplica prácticamente la tasa de paro de la UE; 12,4 en España frente al 6,5% de los veintisiete estados miembros de la Unión, que tiene el 40% de todo el desempleo juvenil de Europa -con datos de Eurostat- y en un momento donde las estadísticas laborales, incluso las adulteradas oficiales del SEPE confirman una ralentización en la creación de puestos de trabajo, con tendencia a entrar en destrucción, la propuesta del Gobierno de elevar y destopar gradualmente las cotizaciones sociales sólo puede interpretarse como un atentado contra las empresas y un torpedo en la línea de flotación en la creación de empleo. Máxime cuando las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, están asfixiadas por el aumento de los costes energéticos y de producción, la multiplicación de impuestos populistas y esquilmatorios, la caída de las ventas y sometidas a la inseguridad de un Gobierno que promueve tributos y leyes que frenan la inversión y la creación de empleo.
De hecho, un informe del Tesoro, organismo dependiente de Economía, a los inversores ya admite que se destruirá empleo en 2023 con una caída del 0,2% en las contrataciones, frente a la subida del 0,6% que fabulan en los Presupuestos del Gobierno.
Destopar las bases máximas de cotización implica que las empresas deban asumir costes adicionales para los trabajadores que superen un salario de 45.014 euros anuales. Y eso en un país que figura entre aquéllos en los que las cotizaciones sociales superan el 35% de aportación al total de los ingresos tributarios, exactamente un 37,4%, frente a la media del 26,6% de la OCDE. Además de que, con datos de la patronal de la pequeña empresa Cepyme, las cotizaciones sociales españolas son las terceras más altas de la Unión Europea. Son 20 los países europeos donde las cotizaciones que debe pagar un empleador son al menos 10 puntos porcentuales más bajas que en España, destacando entre ellos Italia, Suecia, Portugal, Holanda y Alemania.
Y si hablamos de empleo, los datos de febrero, cuando se cumple un año del segundo mes de aplicación de esa su pseudo reforma, vemos que en febrero de 2023 se han realizado un total de 1.084.802 contratos, lo que supone un 25% menos que en el mismo mes de 2022, consecuencia del deterioro de la actividad.
Pero, además, como refleja el último informe del Gabinete de Estudios de USO, los contratos de duración inferior a una semana suponen en febrero un 35,8% de los contratos temporales que se realizaron; es decir, que uno de cada tres contratos temporales, dura menos de siete días. Y esta duración no ha dejado de aumentar; hay más contratos, porcentualmente de corta duración, que antes de la reforma: nueve puntos más que en 2022, y más de once con respecto a 2021.
Asimismo, la duración media de los días contratados se queda en 51,99; son cuatro días menos que la que teníamos en 2021 y seis menos con respecto a 2022. Una contratación de muy corta duración que muestra como en un año de aplicación de la reforma de Yolanda Díaz la duración media de los contratos no crece. Se trabajan menos días de media, lo que implica menos estabilidad y más rotación en el empleo. Hay menos contratación temporal, pero la que se realiza es de menor duración.
Esto, con el añadido de que como explica el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, la propuesta de destopar las bases máximas de cotización no sólo es un impuesto oculto muy distorsionante sino que resultaría insuficiente de cara a las necesidades de ingresos de la Seguridad Social y para el pago de pensiones, si tenemos en cuenta que el propio Gobierno prevé que el gasto crecerá un 3,5% del PIB en 2050, mientras que el impacto del destope apenas supondrá un 0.15%.
Y esto no es catastrofismo, sino cifras reales, análisis y reflexiones sobre una realidad económica y social y en un país que es el único de la UE que aún no ha superado el PIB anterior a la pandemia.
Una realidad que ni ocupa ni preocupa al Gobierno y mucho menos a esos politizados, serviles y paniaguados sindicatos mayoritarios en la España del sanchismo, cuyos dirigentes hoy, tanto en CCOO como en UGT, son un triste esperpento de la figura histórica del recientemente desaparecido Nicolás Redondo Urbieta. Un hombre clave de la Transición, noble en lo personal y firme en sus convicciones que supo siempre anteponer la defensa de los trabajadores a la militancia política y a la ideología, lo que le llevó a convocar una huelga general al Gobierno de Felipe González en diciembre de 1988. Quien quiera entender, que entienda.