José María Triper
Periodista económico.


Primero fue el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta. Corroboró la CEOE, y confirmaron las empresas de consultoría. En España empieza a haber fuga de empresas y de capitales particulares que buscan estabilidad y seguridad en Portugal. Y también las grandes multinacionales que han parado sus inversiones en España estudian trasladar su sede central al país vecino. Y ahora a este exilio económico se suman también los agricultores y los ganaderos que a los bajos precios que perciben y la posición abusiva de los intermediarios suman ahora la nueva subida del SMI que deteriora gravemente la viabilidad de sus explotaciones.

Lo anunció Pedro Barato en la Junta Directiva de la patronal del 22 de enero, antes incluso de que se enterara el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara que reacciona tarde y sin firmeza. Subir el salario mínimo obligará a muchos agricultores de Galicia, Castilla y León y Extremadura a trasladar sus explotaciones a Portugal, donde el SMI es de 700 euros mensuales en doce pagas.

Un éxodo que vuelve a poner en boga ese aforismo popular de “menos mal que nos queda Portugal”, empleado muchas veces con connotaciones negativas pero que hoy se emplea con admiración, reconocimiento y sana envidia, no sólo por ser un país espléndido, sino por su crecimiento económico y su situación política en contraste con la de esta España nuestra.

De los muchos y graves riesgos que amenazan a la economía española quizás el más grave es el cuadro macroeconómico dibujado por las ministras Montero y Calviño que de cumplirse en los términos anunciados y con los objetivos propuestos nos devuelve, de cabeza, al procedimiento de déficit excesivo de la UE. Un escenario este, en el que coinciden la mayoría de analistas económicos y del que alertan las instituciones internacionales, que como ocurriera en los años negros de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, tendrá dos víctimas principales: las clases medias y el empleo menos cualificado.

Y esto no es catastrofismo, como califica el Gobierno las críticas que desde dentro y desde fuera llueven a su remodelada hoja de ruta, sino la realidad que apunta el análisis de los números que, por mucho que intente, ni cuadran, ni convencen. El propio Ejecutivo socialpopulista, sólo 30 días después de la investidura de Pedro Sánchez ha revisado a la baja en cuatro décimas el objetivo de crecimiento de la economía, pasado del 2% inicial a sólo el 1,6 por ciento, lo que supone rebajar un 20 por ciento el vigor de la actividad económica. Y eso si se cumple porque la CEOE, en línea con otros organismos y servicios de estudios, ha reducido esta misma semana al 1,5% su previsión de crecimiento.

Un descenso significativo de la actividad que supone un lastre para el cumplimiento de las promesas sociales del Gobierno, cuyo coste se estima en 35.000 millones de euros, frente a los poco más de 4.200 millones que se prevén recaudar con las subidas fiscales a las transacciones financieras y a las tecnológicas, las llamadas tasas Tobin y Google, esta última no olvidemos aplazada, y cuando desde Bruselas se exige, además, a España un ajuste de gasto de otros 9.000 millones.

Desfase para cuya corrección en parte el equipo económico del Gabinete amenaza con una subida del IVA, atentando directamente contra el consumo, y que unida a los aumentos impositivos anteriores, impactará directamente en la cuenta de resultados de las empresas no cotizadas y de los autónomos con la consiguiente traducción en cierres de negocio y destrucción de puestos de trabajo.

En definitiva, un panorama de mayor presión fiscal y desempleo creciente que agravará aún más la situación de las clases sociales más débiles, precisamente aquéllas a las que Sánchez, Iglesias y los suyos pregonan que quieren defender, mientras los indicadores de actividad siguen empeorando mes a mes y en prácticamente todos los sectores. También en esta última semana hemos conocido que la compra y venta de viviendas cayó un 3,3% en 2019, su primer retroceso desde 2013, y que el último informe sobre morosidad de Axesor prevé que la concesión de crédito a las empresas caerá un 2,7% en el primer trimestre de este año, descenso que llegará hasta el 10 % en el caso de las empresas del sector inmobiliario y de la construcción, al tiempo que la concesión de hipotecas se reducirá en un 6%.

Esto sí es catastrofismo y no verbal, sino social. Porque catastrofismo es volver a aplicar las políticas fracasadas que llevaron a España a la mayor crisis económica de la historia moderna. Y catastrofismo es también empecinarse en derogar una reforma laboral que ha generado cerca de medio millón de nuevos empleos anuales y que hizo posible que, por primera vez la economía española pudiera crear empleo con crecimientos del PIB inferiores al 2 por ciento, y que se quiere suprimir sólo por inquinas ideológicas y en contra de la lógica y la razón de Estado.

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