Latinoamérica tiene grandes riesgos frente al COVID-19. Generalmente, para las economías emergentes, una crisis económica tiene, según refiere la compañía Coface, cuatro canales de contagio a la actividad:
Además, el escenario de referencia de Coface asume que América Latina alcanzará el pico negativo a finales del segundo trimestre de 2020, seguido por una reapertura gradual en el segundo semestre de 2020 (si bien las empresas y los consumidores permanecerán muy cautelosos). Esto significa que las medidas fiscales, monetarias y del mercado financiero serán claves para mitigar los impactos sociales y económicos y que Latinoamérica tiene grandes riesgos frente al COVID-19.
Por otra parte, si bien la primera medida aumentará el déficit fiscal de los gobiernos en países de por sí fuertemente endeudados, la acción se justifica, ya que se trata de un aumento puntual debido a una catástrofe, y porque, en términos relativos, el resto del mundo debería comportarse del mismo modo. Además, en el ámbito monetario, no hay mucho espacio para recortar los tipos de interés (especialmente en Brasil, Chile, Colombia y Perú).
El grado de riesgo no es homogéneo y se resume a continuación en orden descendiente
Por último, la baja popularidad de los gobiernos, dependiendo de la modalidad y la rapidez de su reacción, podrían tener una oportunidad (que para alguno será la última) para mejorar su gobernabilidad. En general, el grado de riesgo no es homogéneo y se resume a continuación en orden descendiente.
Argentina y Ecuador son los que presentan el riesgo más alto, ya que cuentan con grandes deudas externas y reservas en divisas muy limitadas. En lo que respecta a Argentina, el Presidente Fernández ha sido elogiado por sus esfuerzos en la lucha contra el contagio del COVID-19 en su país (uno de los primeros en declarar la cuarentena). Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo con los acreedores privados (el FMI ha enfatizado la necesidad de un gran recorte de la deuda). En Ecuador, la abrupta caída del precio del petróleo representa un desafío adicional. La popularidad del Presidente Moreno es baja y la confederación indígena CONAIE, que lideró las protestas en 2019, reclama que se suspendan todos los pagos de la deuda externa y esos fondos sean utilizados para asistir a la población durante la crisis del COVID-19.
En México, el COVID-19 golpeó a una economía ya agonizante (el PIB cayó un 0,1% en 2019), afectada por las incertidumbres resultantes de las controvertidas medidas adoptadas por el gobierno. Además, la recesión de 0,9% que se espera en Estados Unidos afectará aún más, sobre todo considerando el abrupto aumento que se prevé para la tasa de desempleo en Estados Unidos (reduciendo las remesas) y la caída de la actividad industrial. Por su parte, el presidente López Obrador dejó de subestimar el COVID-19 y declaró el estado de emergencia en el país el lunes 30 de marzo (exhortando al sector privado a suspender todas las actividades no esenciales desde el 30 de marzo al 30 de abril). No obstante, aún no ha anunciado ninguna medida fiscal.
Aunque con menor intensidad, Colombia también se verá afectada por la caída de los precios del petróleo, lo que implica una mayor presión sobre sus dos déficits (fiscal y por cuenta corriente). Además, aunque las fronteras están cerradas temporalmente, será difícil prevenir completamente la entrada de refugiados venezolanos (actualmente hay 1.8 millones de venezolanos en el país) ya que la frontera tiene más de 2.000 km. de largo.
En Brasil, la crisis del COVID-19 ha causado roces políticos. El presidente Bolsonaro se negó a imponer medidas que restringieran la movilidad, por lo que los gobernadores están ahora asumiendo ese rol. A pesar de esto, se han anunciado medidas de mitigación, financiadas parcialmente por reasignaciones presupuestarias, pero también agregando un nuevo gasto fiscal (el gobierno estima ahora que el déficit primario podría alcanzar el 5% del PIB en 2020, frente a un 0,9% en 2019). Se destinarán recursos a la sanidad y para proporcionar asistencia financiera a las empresas e individuos que contrarresten los efectos negativos de la pandemia en la actividad económica.
Chile y Perú, pequeñas economías abiertas, fuertemente influidas por el bajo precio de los minerales, pero con mayor espacio fiscal. En Perú, el gobierno cuenta con su relativamente alta popularidad para adoptar las medidas necesarias. Mientras tanto, en Chile, el presidente Piñera ha intentado recuperar su popularidad tras las protestas de finales de 2019 (aunque la consulta sobre la reforma de la constitución programada para el 26 de abril de 2020 ha sido postergada). Sus posibilidades de éxito aún no son claras, pero, hasta ahora, ha anunciado estímulos fiscales que representan un 4,7% del PIB.