Pensiones y competitividad - Moneda Única

José María Triper.
Corresponsal económico de elEconomista.


“La reforma de las pensiones es sólo un paso de los que hay que dar para volver a situar a la economía española en los niveles de crecimiento de principios de la década pasada, pero las dos grandes asignaturas pendientes para España siguen siendo la competitividad y la productividad, factores que están perjudicando notablemente a nuestras exportaciones y a la actividad de nuestras empresas en el exterior”.

Bueno, pues el Gobierno ya tiene sus 67. Con rebajas, concesiones, algunos flecos pendientes de hilvanar, y dejándose muchos jirones electorales en la lucha, pero al final ha conseguido consumar la cantada ampliación en dos años de la edad legal de jubilación. Y, por fin, también el presidente Rodríguez Zapatero podrá presentar ante los “jefes” de la UE y en los mercados esa reforma del sistema de pensiones que le habían encomendado.

Una reforma que, con independencia de que sea impuesta o voluntaria, era uno de los retos imprescindibles que debía asumir nuestra economía tanto para mantener una asistencia general y digna a las clases pasivas del futuro como para paliar el impacto que el coste de las pensiones tiene sobre el gasto público.

La fuerte caída en el superávit de la Seguridad Social, un 83 por ciento en los últimos dos años como consecuencia de un desempleo que no cesa y el descenso en los ingresos por cotizaciones, unida a una evolución demográfica que juega en contra, han minado los cimientos de un sistema que empezaba a amenazar ruina.

Y es que, los números son incontestables y estos dicen que mientras en la actualidad cada pensionista mayor de 65 años esta mantenido por cuatro personas en edad de trabajar, esa proporción irá sufriendo un deterioro progresivo hasta 2045, año en el que la mayoría de las proyecciones coinciden en que sólo habrá 1,75 trabajadores para mantener a cada pensionista. Si a esto añadimos que las estimaciones de la Comisión Europea muestran que el 8 por ciento del PIB que hoy destina España a gastos en pensiones habrá crecido hasta el 15 por ciento en 2050, pues no queda más remedio que asumir que el sistema apunta a insostenible.

Ahora bien, sentada la obligatoriedad de la reforma, lo que es más discutible es que retrasar la edad de jubilación a los 67 años sea la fórmula ideal para acabar con el problema. Esta opción, adoptada por países como Francia o Alemania es una alternativa interesante pero no la única, al menos en España, y probablemente tampoco la primera.

Probablemente, y con efectos económicos mucho más inmediatos, la primera medida que se tendría que haber adoptado es la equiparación entre la actual edad legal de jubilación, a los 65 años, con la edad real que aquí y ahora está en una media de 63 años. Sólo con esto ganaríamos dos años y desde ya.

Paralelamente parece imprescindible una actuación inmediata y contundente para frenar las prejubilaciones que con tanta alegría, prodigalidad y falta de control se han producido durante los últimos años en nuestro país, y que ahora vuelven a amenazar de forma masiva con los procesos de reestructuración de las cajas de ahorros.

A pesar de todo, tanto la prórroga a los 67 como la medida complementaria aprobada de ampliar el número de años de cotización necesarios para tener derecho a la pensión máxima, son medidas que van en la buena dirección y que permitirán rebajar la relación entre la cantidad de pensión total percibida por persona y la total cotizada, lo cual no tiene porqué implicar una disminución de la pensión a percibir.

Y, por supuesto, lo que tienen que tener ahora muy presentes tanto el Gobierno como los partidos políticos y los agentes sociales es que la reforma de las pensiones es sólo un paso de los que hay que dar para volver a situar a la economía española en los niveles de crecimiento de principios de la década pasada, y que las dos grandes asignaturas pendientes para España siguen siendo la competitividad y la productividad, factores que están perjudicando notablemente a nuestras exportaciones y a la actividad de nuestras empresas en el exterior, y frente a los que se hace ineludible profundizar de forma seria y rigurosa en la reforma laboral y en el sistema educativo. Esperemos que sean capaces de entenderlo y asumirlo.

 

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

 

 

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