Opinión

Dieta de gasto y aerobic para el elefante

José-María-Triper

José María Triper
Periodista económico.


A la espera de recibir los dineros del fondo comunitario para la reconstrucción, que si llegan ya no serán gratis total, lo que sí han dejado muy claro quienes mandan en Bruselas es que la condición inexcusable para beneficiarse del socorro europeo será el sometimiento a la más estricta ortodoxia presupuestaria de la Unión, lo que en román paladino significa un recorte sustancial del gasto público acompañada de un aumento y mayor eficacia en los ingresos, para volver a la senda de la consolidación fiscal.

Desde la Comisión Europea, antes aún de presentar oficialmente el fondo, ya se ha hecho llegar a los distintos gobiernos que “los estados miembros receptores deberán emplear el dinero para modernizar sus economías”, incidiendo especialmente en los sectores digital y medioambiental. Y, por otro lado, y en el marco del semestre comunitario, los estados miembros deberán proceder a las reformas económicas y consolidación fiscal recomendadas por la Comisión”.

Es decir, una condicionalidad que implica que los estados receptores del fondo, especialmente España e Italia, deberán presentar un programa de recuperación que incluya las reformas prescritas por Bruselas que deberán ser duras, dolorosas y prolongadas en el tiempo, tanto como lo exige la gravedad del problema a resolver.

Porque los números son aterradores. Con caída del PIB del 5 por ciento en el primer trimestre, que apunta a que la caída anual no será inferior al 15 por ciento porque afecta a sectores básicos de nuestra economía como el turismo, la hostelería y el automóvil. Una caída de ingresos públicos (incluida la Seguridad Social) que el Gobierno estima en 25.700 millones de euros, un 5,4 por ciento y un gasto público que se puede disparar un 35 por ciento, hasta 627.300 millones de euros, no es descartable que el déficit supere los dos dígitos, mientras que la deuda pública se eleve hasta el 120 por ciento del PIB.

Reformas y ajustes que implicarán recortes en el Estado de Bienestar porque las subidas fiscales planteadas por el Gobierno -medioambientales, a las tecnológicas o a las transacciones financieras- apenas pueden incrementar la recaudación en poco más de 3.000 millones de euros, cuando se necesitarían al menos 35.000 y, gravar más la fiscalidad del Patrimonio o a las empresas, provocaría no sólo una fuga de inversiones extranjeras sino un masiva destrucción de empleo.

La alternativa es, pues, un recorte sustancial de gasto que para dañar lo menos posible a los servicios sociales y las inversiones necesarias para la reconstrucción deberían centrarse en adelgazar una administración elefantiásica que ha creado el Gobierno de Sánchez e Iglesias para colocar amigos y pagar servicios prestados. Con 23 Ministerios, la cifra más alta de Europa y casi el doble de los que tenía el gobierno de Mariano Rajoy, y toda un pléyade de altos cargos que abusando del Estado de alarma ha ampliado con el nombramiento a dedo de otros 26 nuevos directores generales, eximidos de ser funcionarios como obliga la Ley salvo para casos excepcionales, y con sueldos de entre 80.000 y 100.000 euros anuales.

Prácticas de nepotismo que se acrecientan con el gasto en asesores, que Sánchez ha aumentado un 46 por ciento respecto a los del gobierno del PP.
Y eso mientras que otros gobiernos europeos, y de fuera de Europa como en el caso de Nueva Zelanda, se han rebajado el suelo, han reducido cargos, o han renunciado a percibir el salario durante uno o más meses para contribuir a la lucha contra el COVID y a la reconstrucción de sus economías. Un ejemplo que Sánchez no sólo se niega a seguir, sino que calificó de “populismo” durante una de sus insustanciales homilías de los sábados.

En esta situación de urgencia sanitaria, de más de seis millones de parados, incluyendo los afectados por los ERTE de los que entre un 30 y un 40 por ciento se estima que no volverá a recuperar su empleo, y de las colas del hambre, lo lógico, lo racional, lo social y lo sensato sería someter a un severo régimen de adelgazamiento al elefante de la Administración, empezando por los cargos políticos.

Y un aviso a navegantes, que no es mío sino del prestigioso economista y catedrático Ramón Tamames: “cualquier idea de nacionalizar empresas, o remunicipalizar, o convertir la Seguridad Social en una especie de asilo general para comprar votos, debería ser descartada. El Gobierno debe dejarlo claro, y trasladárselo a la Comisión de Reconstrucción Nacional. De no ser así, la crisis se prolongará mucho más tiempo”. Amén.

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