Esta suspensión de pagos es la segunda mayor de la historia empresarial española por volumen de pasivo después de la que presentó en 2008 Fadesa.
En su última reunión con los acreedores, Reyal Urbis solicitó a los bancos 30 millones de euros para hacer frente a pagos de proveedores y a los intereses de la deuda contraída con la Agencia Tributaria, y ha sido la negativa de los bancos a aportar capital, el detontante para que la inmobiliaria se haya visto obligada a iniciar los trámites del proceso concursal.
Entre los principales acreedores de la inmobiliara está el Banco Santander, con el que tiene un pasivo de 530 millones, al que es preciso añadir otros 300 millones que adeuda a Inveryal, una sociedad patrimonial de Rafael Santamaría, el presidente del consejo de administración de Reyal Urbis.
Además, Reyal Urbis tiene una deuda de 707 millones de euros con el llamado banco malo, la Sareb, después de que esta sociedad de gestión de activos haya asumido los préstamos al promotor de las entidades nacionalizadas y la futura asunción de los de los bancos que, sin estar aún nacionalizados, han necesitado ayudas públicas.
Además, la promotora inmobiliara adeuda 400 millones de euros a la Agencia Tributaria y, otros 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO).