Asfa 21, la empresa especializada en la prestación de servicios sociales desde hace más de diez años, proyecta abrir entre quince y veinte delegaciones en 2010 para ampliar su cobertura nacional y consolidar así su modelo de negocio. Un crecimiento que se llevará a cabo tanto con la puesta en marcha tanto de centros propios como franquiciados. Éste es el principal objetivo que se desprende de su estrategia empresarial que la firma ha presentado recientemente, y con la que pretende situarse entre las primeras cadenas de su sector a nivel nacional. En ese sentido, cabe recordar que Asfa 21 cuenta en la actualidad con tres residencias geriátricas, dos centros de día y veintisiete oficinas repartidas por todo el país.
Para desarrollar este fuerte plan de expansión, Asfa 21 cuenta con una sólida estructura central formada por un amplio equipo de profesionales que proporcionan a la red todo el soporte necesario para la gestión diaria de la actividad, que incluye además todos los trámites necesarios con las instituciones públicas.
Una de las claves de su éxito ha sido la capacidad de adaptación a las necesidades de la sociedad, llegando a configurar un concepto diferenciador en el ámbito de los servicios sociales. Desde que se fundó la empresa, el objetivo que han perseguido sus responsables ha sido plasmar a través de este modelo empresarial su amplia experiencia en la gestión de geriátricos, de centros de día y en la asistencia domiciliaria.
Otro de los pilares de la compañía es el programa de formación profesional que Asfa 21 ha diseñado a través de su equipo de trabajadores sociales, ATS’s y médicos, para cubrir la carencia de profesionales cualificados en el sector socio-sanitario en España. Este método docente ocupa un papel fundamental dentro de su concepto de calidad y excelencia en los servicios sociales, posicionando a esta empresa del norte de España como un referente en este ámbito formativo a nivel nacional.
La inversión necesaria para poner en funcionamiento una franquicia de Asfa 21 se sitúa inicialmente en los 24.000 euros para un mínimo de 40 metros cuadrados de suelo, ubicados en poblaciones que no tengan menos de 50.000 habitantes.