José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.
Si algo han puesto de manifiesto los datos del informe de ejecución presupuestaria del año pasado es que la curva de Laffer, esa que muestra cómo el incremento de los tipos impositivos no siempre conlleva un aumento de la recaudación fiscal, se cumple inexorablemente. Y eso es lo que está pasando aquí y ahora en la España fiscal de Montoro, que la asfixia impositiva a que el Gobierno está sometiendo a los ciudadanos y a las empresas españolas está teniendo un impacto negativo sobre los ingresos tributarios.
A saber, el propio Ministerio de Hacienda reconoce una caída en la recaudación por impuestos directos. El 0,9 por ciento en IRPF y el 7 por ciento en Sociedades. Mientras que el pobre aumento en la recaudación por IVA, apenas el 2,9 por ciento, se explica por el alza del consumo aderezado con una pizca de cocina estadística en las cifras de diciembre.
Unas cifras de ingresos que mantienen a España como el país de la zona euro con menor recaudación fiscal, también en 2013, a pesar de que ha sido, junto a Grecia y Portugal, el que más ha subido sus tipos impositivos. En concreto y pese a la raquítica subida del 0,2 por ciento, los ingresos tributarios en España se sitúan todavía por debajo del 38 por ciento del PIB, tasa claramente inferior al 46,7 por ciento de media en la Eurozona.
Esta, y no otra, es la razón fundamental, junto con la poca eficacia en la reducción del gasto público, del incumplimiento de los objetivos de déficit, que si apenas han superado una décima el 6,5 por ciento pactado con Bruselas es por el aplazamiento a enero del pago de facturas desde el 25 de noviembre y porque Bruselas aceptó no computar como déficit las ayudas a la banca.
Cierto es que el Ejecutivo fía en que la recuperación económica servirá de impulso a una mejora en los ingresos tributarios. Y, algo sí, pero probablemente será mucho más limitada de la que ellos esperan. Porque, como recordaba un reciente informe de La Caixa, si nos atenemos a la relación histórica entre el crecimiento del PIB nominal y la recaudación impositiva, se observa cómo, en líneas generales, un aumento del PIB nominal del 1 por ciento sólo ha permitido crecimientos del 1,1 por ciento en la recaudación. Por tanto, y sin descartar que un crecimiento superior, se habla de hasta el 1,5 por ciento, pueda mejorar la estimación recaudatoria, se puede concluir que manteniendo el actual esquema tributario el peso de los ingresos no va a superar el 38 por ciento del PIB a medio plazo.
La constatación de esta insuficiencia, unida a los pobres resultados en la lucha contra el fraude, con un descenso del 9 por ciento durante el último ejercicio, muestran la necesidad urgente de promover un cambio radical en nuestro modelo tributario.
Un modelo tributario que incentive el consumo y la inversión para dinamizar el crecimiento. Que rebaje sustancialmente, como se había prometido, la penalización fiscal a la creación de empleo derivada de tener unas cotizaciones sociales de las más altas de nuestro entorno. Y un modelo tributario que afronte de una vez por todas, y de forma decidida la lucha contra el fraude y la economía sumergida que, como muestran una y otra vez los informes de los analistas nacionales y extranjeros, se concentra en casi un ochenta por ciento en las grandes empresas y en las grandes fortunas y no en los asalariados, los autónomos y las pymes a los que se persigue.
En definitiva, un modelo fiscal radicalmente distinto de ese que recomienda el llamado informe de los “sabios”, ampliamente criticado desde todas las organizaciones de la economía real y que el Gobierno ya ha dicho que no va a cumplir en sus líneas esenciales. Esperemos que esta vez sí cumpla su palabra.