Resistir sin Presupuestos

«Resistir sin Presupuestos» es el artículo en el que José María Triper analiza las consecuencias políticas y económicas de una legislatura que avanza sin unas cuentas públicas aprobadas por el Parlamento. La decisión del Gobierno de afrontar un nuevo ejercicio sin Presupuestos Generales del Estado vuelve a situar en el centro del debate la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y el impacto económico de la prórroga presupuestaria. 

Arropado por el auditorio adicto del Cercle d’Economia, Pedro Sánchez anunciaba el inicio de los trámites para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Palabras que, además de constatar su voluntad de seguir hasta el final de una legislatura muerta, lleva también implícita la renuncia a presentar los Presupuesto de 2026 incumpliendo, por tercer año consecutivo el mandato constitucional de presentar anualmente las cuentas del Estado y seguir en el gobierno sin el Parlamento, en contra de todos los principios de la democracia y del Estado de Derecho.

Anuncio este de presupuestos para 2027 que, a la vista de los precedentes, más parece una carta a los Reyes Magos o un brindis al sol, porque eso mismo prometió reiteradamente para los tres años anteriores sin que se atreviera a presentar la correspondiente Ley Presupuestaria ante la certeza de que iba a ser rechazada por el Parlamento y porque ahora es consciente también de que si lo hace no se va a aprobar.

Todo un alarde de propaganda y de cinismo que apostilló asegurando que el objetivo de las presuntas nuevas cuentas es redistribuir la riqueza reforzando el Estado de Bienestar para que los servicios públicos estén a la altura de lo que los ciudadanos demandan. Él que ha sido el ejecutor del mayor atentado contra el Estado de Bienestar en España desde el inicio de la democracia y que bajo su presidencia los españoles pagamos los mayores impuestos de la historia y tenemos los peores servicios de la Historia. Ahí están el caos ferroviario, las carreteras infames, el apagón histórico, las listas de espera sanitarias y burocráticas o los pésimos resultados de nuestros escolares en las estadísticas internacionales.

Y aunque la prórroga presupuestaria está prevista en la legislación española para evitar el colapso de las Administraciones, lo cierto es que su uso recurrente deteriora la certidumbre económica, la seguridad jurídica y la solidez del sistema democrático, con la consecuencia directa de dejar al país paralizado, dado que en el decreto de prórroga presupuestaria el Ejecutivo sólo podría incorporar las medidas más urgentes salvando, eso sí  la revalorización de las pensiones que seguirán subiendo conforme al IPC, tal y como establece el artículo 58 del Real Decreto por el que se crea la Ley General de la Seguridad Social.

La incapacidad del gobierno para aprobar los Presupuestos impide también la asignación de nuevos fondos para proyectos de infraestructuras, con los consiguientes retrasos en el inicio de obras cruciales, la paralización de proyectos en marcha, o incluso la cancelación de inversiones previstas. También los contratos ya adjudicados podrían sufrir demoras en los pagos, lo que generaría incertidumbre en las empresas, reducción de la confianza empresarial, paralización de las inversiones nacionales y extranjeras y deterioro en la creación de riqueza con pérdida de empleo y reducción de las contrataciones.

Y en el ámbito estrictamente macroeconómico la prórroga continuada de los presupuestos es siempre percibida por los mercados financieros como un síntoma de inestabilidad política y económica que tiene graves consecuencias en términos de confianza y por consiguiente en la calificación crediticia del país, y en las dificultades para colocar la deuda pública repercutiendo en un aumento de los intereses.

Y para culminar su alarde de procacidad el jefe del Ejecutivo ha afirmado que la vivienda va a tener un «peso prioritario», con el «mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás» en la historia democrática de España.

El mismo Sánchez que lleva prometidas más de 400.000 viviendas desde el inicio de su mandato que todavía seguimos esperando, que hace ahora dos años prometió otras 184.000 de protección oficial de las que sólo ha entregado 350. Y que ocho años después de que llegara a La Moncloa, tanto él como su gobierno siguen sin entender que la crisis de la vivienda en España obedece a tres causas fundamentales: la falta de oferta, el aumento de la demanda y la falta de solvencia de los demandantes que reduce sensiblemente la capacidad de hipotecarse. Escollo este último que está directamente relacionado con la fiscalidad abusiva, la precariedad laboral. Esto son los logros del sanchismo y este es el valor de su palabra.