En este artículo, José María Triper, periodista económico, analiza cómo la escalada de precios provocada por los conflictos bélicos está impulsando una inflación de oferta que amenaza con frenar el consumo y la inversión. Frente a ello, el artículo analiza por qué subir los tipos de interés puede agravar la situación y defiende medidas fiscales como alternativa.
Todas las autoridades económicas de todos los organismos nacionales e internacionales, y también todos los gobiernos -incluyendo el nuestro aunque ni le urge ni le pone remedio- son conscientes de que la consecuencia inmediata y más dañina de las economías en conflicto bélico es una escalada incontrolada y generalizada de los precios. Y no hace falta ser un especialista en economía para saber que cuando suben los precios del petróleo, del gas y de la energía en su conjunto, suben los precios de prácticamente la totalidad de los bienes servicios. Es la inflación de guerra.
En este contexto hay quienes ya anticipan una subida de los tipos de interés para contener el crecimiento de los precios, nada descartable en los momentos actuales, que si funciona en situaciones de normalidad, puede ser no sólo contraproducente sino decisivamente adversa en una coyuntura de conflicto armado. La subida de los intereses funciona cuando actúa como freno del consumo pero la inflación que estamos padeciendo como consecuencia de la guerra de Irán, y que amenaza con continuar e incrementarse, es una inflación de oferta.
Es decir los precios no suben por un crecimiento del consumo, al contrario. Los precios suben porque sube los costes de producción y de transporte y en este contexto aumentar los tipos de interés sólo contribuye a acentuar aún más la contracción del consumo y la inversión derivados de la deriva inflacionaria y de la incertidumbre ocasionando una recesión e incluso el colapso de la economía.
Lo aconsejable y conveniente en circunstancias como los actuales es fomentar la actividad económica contrarrestando el aumento de los precios con medidas fiscales y de apoyo a las empresas y familias que contribuyan a frenar la progresión de los costes para evitar que las subidas se trasladen al consumo. La propia Comisión Europea ha pedido ya a los estados miembros reducir los impuestos de la electricidad al mínimo legal para aliviar la factura de los hogares y la industria, además de impulsar inversiones superiores a 900 millones de euros en redes, renovables y energía nuclear.
Todo lo contrario de lo que ocurre aquí y ahora donde el gobierno del sanchismo, que como viene haciendo desde el inicio de la actual legislatura, no sólo no comparte ni colabora con las decisiones de nuestros socios y aliados sino que, junto al húngaro y prorruso Viktor Urban, se han convertido en un problema para Europa y para el conjunto de las democracias occidentales.
Medidas como rebajar la fiscalidad sobre los carburantes cuando más de la mitad del precio final de las gasolinas y gasóleos son impuestos, reducir o eliminar el gravamen de generación eléctrica que incluye el decreto anticrisis del Gobierno se antojan soluciones necesarias y sensatas en situaciones de inflación de oferta. Decreto que es casi un corta y pega del plan propuesto por el Partido Popular justo al inicio de la guerra y que además llega tarde e incompleto. Tarde porque durante estas tres semanas en las que el Gobierno ha estado mareando la perdiz bajo el pretexto de consultas la recaudación de Hacienda por el aumento de los precios energéticos ha engordado exponencialmente. De hecho la guerra en Irán ha provocado un aumento del coste de repostar los vehículos y un mayor ingreso para el Estado por los impuestos sobre el combustible que algunas estimaciones cifran en 100 millones en este primer mes de conflicto.
E incompleto porque ese decreto no incluye la deflactación del IRPF, tanto de la tarifa como de todas las desgravaciones del impuesto expresadas en euros, para corregir el problema de la progresividad en frío. Una medida que si incluía la propuesta del PP y que los hogares esperan desde hace años, con la crisis inflacionista de 2022, y que el Gobierno se resiste a aplicar.
Como recuerda mi compañero y amigo Juan Berga, los crecimientos de IRPF por no deflactación ha supuesto desde la pandemia 9.000 millones. Casi el doble de esos 5.000 millones que Sánchez y su loroparque ministerial nos vende como política social pero que en realidad es sólo una mínima parte de lo que nos han quitado antes con su política fiscal confiscatoria y abusiva.
Y mientras ellos siguen recaudando y esquilmando los bolsillos de empresas, trabajadores y pensionistas los españoles somos cada día más pobres y tenemos los peores servicios de la historia. ¿A dónde va nuestro dinero?
José María Triper, periodista económico.