En este nuevo artículo, José María Triper, periodista económico, cuestiona la subida del Salario Mínimo al considerar que eleva los costes laborales y dificulta la creación de empleo, especialmente en pymes y autónomos. También alerta de que el mercado laboral español sigue arrastrando un alto paro real y una creciente precariedad.
Habemus senda del SMI. El Ministerio de Trabajo, con la complicidad de CC OO y UGT, se ha descolgado aprobando una subida del salario mínimo del 3,1%, que supone 37 euros mensuales en 14 pagas pasando de los 1.184 euros mensuales vigentes en 2025 hasta los 1.221 euros. Pretensión que duplica el aumento del 1,5% ofertado por la CEOE y supera, incluso el 2,7% que pedían los sindicatos y el 2,9% con que ha cerrado la inflación.
Una subida que supera por primera vez el 60% del salario medio, que es el objetivo que se había marcado el gobierno para cada año alcanzando los 1.221 euros al mes y 17.094 euros anuales, sin tributar el IRPF y que equivaldría ya 71% del salario medio en las micro y pequeñas empresas. Con el añadido de que los sindicatos y el gobierno plantean que no se contemplen los pluses y los complementos.
Sin entrar a valorar el fundamento, o no, de esta subida, desde la CEOE se estima que esta cuantía supondría un coste bruto para las empresas españolas de 1.782,5 millones de euros, teniendo en cuenta que cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros y contabilizando que al coste del salario aumenta también en la misma proporción el coste de las cotizaciones.
Un coste difícilmente asumible para los autónomos y las pymes, que representan más del 98% de nuestro tejido empresarial y que se encuentran asfixiadas por el incremento de los costes laborales que han vuelto a subir un 3% en el tercer trimestre de 2025 hasta situarse en 3.111,76 euros y que lleva 19 trimestres consecutivos de subida, lo que está llevando a muchas de estas pequeñas empresas al cierre del negocio.
Los últimos datos oficiales muestran que el cierre de empresas en España, que ha sido un fenómeno alarmante desde la crisis del COVID, se ha agravado durante el ejercicio recién finalizado en el que más de 13.600 pequeños negocios han cerrado sus tiendas, lo que representa casi 37 cierres cada día, con las consiguientes consecuencias negativas sobre el empleo.
Una destrucción de puestos de trabajo a la que habría que sumar el empleo que se deja de crear, como muestra el informe realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el que se concluye que el alza del salario mínimo interprofesional en 2023 redujo la creación de empleo en una horquilla de entre 55.000 y 85.000 personas al tiempo que las subidas del salario mínimo han frenado la creación de al menos 150.000 empleos en seis años.
Esto en un país que, incluso con los maquillados datos oficiales, sigue liderando, con diferencia el desempleo de la Unión Europea y también el paro juvenil y donde la precariedad, la estacionalidad y el absentismo siguen siendo los elementos claves y definitorios de un mercado de trabajo adulterado, intervenido y decadente.
Empezando por las cifras de parados que el Servicio Público de Empleo (SEPE) cifraba en 2.408.670, pero que en la realidad y, comprobando los propios datos oficiales, vemos que los parados reales en España al cierre de 2025 superan los 3,8 millones de personas. Cifra esta que resulta de sumar los citados 2,4 millones de parados registrados otros 366.937 con disposición limitada, 11.125 afectados por ERTES, 186.371 que se engloban dentro del epígrafe de “otros no ocupados” y los más de 840.000 fijos discontinuos inactivos. Es decir casi un millón y medio más de los que reconocen los datos del gobierno.
Eso, además de que tenemos un mercado laboral muy afectado por la estacionalidad y por tanto por la temporalidad de la relación contractual que aunque se denomine indefinida siguen siendo contratos de temporada: Navidad, Semana Santa y verano.
Así vemos que, entre enero y diciembre del año pasado, se han realizado 6.443.446 contratos indefinidos, que suponen un descenso de 38.546, el 0,59% sobre el mismo periodo del año anterior. Cifra esta que lleva a preguntarse ¿cómo es posible que con más de 6 millones de contratos indefinidos mantengamos un paro oficial de 2,4 millones de personas y de más de 3,8 millones reales? Y, es más, ¿qué tipo de ocupación tiene las 1.339.826 personas inscritas como demandantes de empleo ocupadas que están registradas en el SEPE?
Añadir que como reflejan los datos del gobierno se han realizado más contratos indefinidos que personas las han suscrito, 36.911 de ellas han sido objeto de más de un contrato indefinido es decir que, como venimos insistiendo, en España la rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida que está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable y poder llegar a fin de mes.