José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.
A la Comisión Europea y a los inversores internacionales no les preocupa que España sobrepase en una o dos décimas el objetivo de déficit, sino la posibilidad de que se produzca una desaceleración intensa en el crecimiento por la inestabilidad política y la pérdida de confianza. Esta reflexión que, más o menos veladamente, vienen transmitiendo en las últimas semanas las autoridades de Bruselas, las agencias de rating y los análisis del riesgo país de España está tomando cuerpo material entre los inversores extranjeros, muchos de los cuales se han puesto ya en contacto con las autoridades económicas españolas para informar de que paralizan o aplazan sus proyectos en nuestro país.
Altos responsables del Gobierno y de las organizaciones empresariales confirman que un número importante de inversores extranjeros que habían anunciado proyectos de inversión directa en nuestro país, con la consiguiente creación de puestos de trabajo, han decidido parar momentáneamente sus planes hasta ver el rumbo de la deriva política y ante el temor a una situación de involución en las reformas y en la seguridad jurídica. Alarma que y paralización que también se está generando entre los capitales españoles que empiezan a mirar más hacia fuera que dentro de nuestras fronteras.
Idéntica inquietud transmiten los tenedores de deuda que, si por el momento mantienen su inversión esperando que se garantice la continuidad de las reformas para consolidar la incipiente recuperación económica, pero tampoco ocultan que, en caso de que no sea así, su intención es evitar riesgos y vender aunque sea con pérdidas y con urgencia. Una situación que pondría a España en una situación de extrema dificultad, puesto que el nuevo Gobierno tiene que afrontar este año una refinanciación de deuda por un importe aproximado de 400.000 millones de euros.
Recordar, en este punto que la mejora de los costes de financiación ha sido uno de los elementos básicos en la recuperación, al permitir que España se ahorrara 3.200 millones de euros en el pago de intereses el año pasado que pueden destinarse a mejoras sociales e inversión. Situación esta que podría revertirse si persiste la inestabilidad y se paralizan las reformas.
Los datos de la balanza de pagos del Banco de España muestran ya como entre enero y noviembre de 2015 los inversores extranjeros habían sacado de España 51.200 millones de euros, cifra que multiplica por seis las salidas del año precedente. Un aviso que muestra que el bloqueo de inversiones o una posible fuga de capitales son, en este caso, mucho más fundados que los suscitados por la deriva secesionista catalana, entre otras cosas porque fuera de España nadie se cree la independencia de Cataluña, pero en las instituciones internacionales y entre las empresas si preocupa, y mucho, la formación de un Gobierno que no cumpla sus compromisos con la UE y con los inversores.
Un aviso a navegantes y una amenaza real sobre la continuidad de la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo que de cumplirse nos devolverá a los años más duros de la crisis. Y es que si algo nos enseña la historia económica es que el capital huye de los riesgos y si la incertidumbre entra por la puerta, la inversión y el empleo salen por la ventana.