José María Viñals Camallonga
Socio y Director de Operaciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm.
Renato A. Landeira
Asociado Senior en Lupicinio International Law Firm.
Una liberalización del turismo estadounidense supondría, de facto, una forma de levantamiento del embargo.
El pasado 17 de diciembre, el presidente de EE.UU., Barack Obama, y del Consejo de Estado de Cuba, Raúl Castro, comunicaban al mundo su firme intención de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El mundo se regocijaba ante una nueva era que todos entendimos como el proceso de desapuntalamiento de la última alcayata de la Guerra Fría.
Pero lo que no todos conocieron es que el proceso de deshielo dio comienzo mucho antes, a mediados del mes de junio del 2013, cuando delegados de ambos Gobiernos se reunieron en Washington para estudiar la posibilidad de restablecer el correo postal directo entre ambas naciones, suspendido desde 1963. El acuerdo culminó más de dos años después, el pasado 12 de diciembre, con su firma alcanzada en Miami. Antes, el histórico apretón de manos durante el funeral de Nelson Mandela permitió que los líderes de ambos países se viesen a los ojos por primera vez. La mediación vaticana, con la avenencia del Gobierno canadiense, terminó de moldear un principio de acuerdo que se fraguó en secreto entre el verano y el otoño del pasado año y que trascendió a la opinión pública un 17 de diciembre, fecha simbólica por ser la del nacimiento del papa Francisco, promotor del histórico acuerdo.
De aquella fecha hasta hoy no han dejado de producirse, esencialmente por parte de los EE.UU., “concesiones unilaterales” hacia la República de Cuba. La Habana ha respondido a ellas sin hostilidad ni entusiasmo. Mesura parece ser la posición política adoptada por el Gobierno cubano, quien desde el primer momento ha avanzado que el proceso no puede culminar de otra manera que no sea a través de tres acciones muy concretas por parte de los EE.UU.: la derogación de las normas que rigen el embargo, la desocupación del sitio de Guantánamo y el cese de Radio Televisión Martí en sus emisiones anticastristas. Por su parte, EE.UU. reclama compensaciones por las expropiaciones que expertos estadounidenses cifran en más de 7.000 millones de dólares, a lo que La Habana ha respondido poniendo sobre la mesa su estimación de los daños que el embargo estadounidense ha causado al pueblo cubano: unos 900.000 millones de dólares.
En cualquier caso, ambas partes en lo que sí están de acuerdo es que el proceso de entendimiento es ya irreversible, pero no por ello dejará de ser largo y complejo. Esta idea se ha concretado, en este momento primigenio, en la creación de sendas comisiones bilaterales con el objetivo de aplicar y cumplir, por ambas partes, las leyes cubanas y estadounidenses en vigor.
Pese a todo ello, el punto de no retorno en el camino hacia el definitivo levantamiento del embargo podría ser una facultad a medio camino: la liberalización del turismo estadounidense. Obama ya hizo ciertas concesiones en septiembre a favor de los ciudadanos estadounidenses autorizados a viajar a Cuba, quienes ahora podrán hacerlo acompañados de su cónyuge e hijos, en viajes organizados y en grupo. Liberalidades que en diciembre se ampliaron con el acuerdo preliminar del Memorando de Entendimiento para el establecimiento de vuelos regulares comerciales entre Cuba y Estados Unidos, cuya adopción se confirmará en breve.
Por el momento no ha habido novedades respecto a los viajes de ocio, y el turismo estadounidense en Cuba sigue estando expresamente sancionado, cuya prohibición solo puede ser derogada por el Congreso de los EE.UU. Cuba recibe actualmente unos 2,5 millones de turistas al año, sector que abarca, junto al inmobiliario, el 52% de la inversión extranjera en el país. Basta examinar la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera que publicó el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba el pasado mes de noviembre para conocer de los 14 proyectos turísticos millonarios que el Gobierno cubano ha abierto a la inversión foránea.
Es factible pensar que una apertura estadounidense en este sentido catapultaría a Cuba hasta los diez millones de turistas en el año 2020, situándose entre la decena de países más visitados del mundo. En la práctica, esta concesión por parte del Congreso de los EE.UU. supondría un levantamiento de facto del embargo estadounidense, y el conjunto de leyes que lo regulan –conocidas como Cuban Assets Control Regulations (CACR)-, podrían quedar en un limbo legal, de exigua aplicación práctica, tal y como viene sucediendo con la llamada ‘Posición Común’ de la Unión Europea sobre Cuba.