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| Secretario de Estado de Administraciones Públicas.. |
“Muchas empresas del sector público local van a desaparecer”
Madrileño, de 58 años y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, Antonio Beteta tiene una dilatada trayectoria política en la Comunidad de Madrid como parlamentario, primero, y como consejero de Hacienda, cargo que desempeñó hasta el año 2000 en que fue nombrado Secretario General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria del Ministerio de Hacienda. Tras la victoria electoral del Partido Popular en noviembre de 2011, Cristóbal Montoro volvió a confiar en él colocándole al frente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, desde donde ha sido el impulsor de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local.
El anteproyecto de ley que se ha presentado al Parlamento, apenas tiene nada que ver con el inicial del Ministerio. ¿No piensa que, al final, ha quedo descafeinado con respecto a los objetivos iniciales?
No. En absoluto. La filosofía fundamental de la Ley no ha variado. Una administración una copertenencia es el origen de la ley y de ahí se derivaba la clarificación de las competencias entre las comunidades autónomas, el Estado y las corporaciones locales. Además, muchos de los objetivos que pensábamos obtener a lo largo de la aplicación de la Ley se han conseguido simplemente con el conocimiento de los borradores. Así, todas las corporaciones se han precipitado a presentar las cuentas, que no se presentaban como se desprende de los informes reiterados del Tribunal de Cuentas, lo que ha permitido conocer en profundidad el mundo local y su estructura de gasto. Un segundo aspecto ha sido eliminar el posible miedo a que si un ayuntamiento era ineficiente, sus competencias podrían ser ejecutadas por una administración de carácter superior. Ante esto, la reacción del mundo local ha sido la búsqueda de la eficiencia ya que un sector que tradicionalmente era deficitario ha pasado a tener superávit. Por lo tanto el proyecto de ley se presenta a las Cortes en un momento económico diferente, donde muy buena parte de los deberes ya están hechos, con lo que muchas de las medidas coercitivas que se contenían en la norma ya no tenían sentido.
Pero, sí ha sorprendido esa marcha atrás en la supresión de instituciones y la reducción de concejales.
Lo que la norma pretendía conseguir es que el aparato político local se redujera. Un análisis más detallado nos permitió ver que una muy buena parte de los concejales no cobraban un céntimo y cambiamos la óptica hacia dos conceptos. Uno el de que, por primera vez, hubiera unas tablas retributivas en el ámbito local que dieran máximos y mínimos por rango de población y que acabaran con determinados salarios que se pudieran considerar abusivos. El segundo aspecto es el de los denominados eventuales; es decir, el personal político que apoya al político de turno, que se reducen de modo muy sustancial. De este modo el ahorro que consigue la norma es muy superior al que produce la reducción de concejales.Y también se ha renunciado a la reducción de municipios.
La Ley, en su momento preveía las fusiones de municipios de carácter obligatorio. En el transcurso del debate se cambió lo obligatorio por lo voluntario y el concepto de la coacción local por el de la incentivación. De esta manera se prevé que los municipios que quieran prestar conjuntamente los servicios tendrán una prima en la participación de los ingresos del Estado. Y si se da un paso adelante en el que haya alguna pérdida de la personalidad jurídica para generar una nueva entre los municipios que se fusionen, tendrá una mayor incentivación y, por tanto, una prima más alta. Ese es el gran avance que de la Ley, que conseguimos los mismos efectos, pero con una técnica de convencimiento y no con una técnica de presión.
La formulación del coste efectivo ¿no da a entender que será el Gobierno el que determine el coste de los servicios municipales?
No. Lo que vamos a hacer nosotros es determinar la metodología del cálculo para que sea la misma metodología la que se use en todos los municipios, que es el único modo de poder comparar. Cada ayuntamiento tiene que transparentar cuál es el coste de la prestación de servicios. Por tanto, sacaremos normas de desarrollo uniformes para que todo el mundo, usando la misma metodología, hagan públicos los datos y nosotros los revisaremos para su conocimiento por los ciudadanos de toda España.
Desde la oposición denuncian que se abre la puerta a la privatización de los servicios locales.
Eso es una falsedad. El PSOE e IU cuando no saben qué decir hablan de privatizar. Para empezar la privatización es una técnica de gestión usada por corporaciones de todos los colores. En la norma no existe la palabra privatización. Ni la fomenta, ni la condena. Es una técnica en la cual los ayuntamientos tendrán que transparentar cuando quieran prestar un servicio, los estudios que hacen para ver si es más conveniente prestarlos con medios propios o con ajenos. La segunda razón que da el PSOE es aún peor porque considera que los ayuntamientos no van a ser lo suficientemente competentes para prestar los servicios y se los van pasar a las diputaciones, que ellos han gobernado durante años. Y a estas las califica también como incompetentes porque piensa que van a tener que recurrir a las empresas privadas, privatizando el servicio.
¿Porqué se potencian las diputaciones cuando en la calle se cuestiona su existencia junto a las comunidades autónomas?
Con las diputaciones la norma lo que hace es fortalecerlas, dándoles más competencias de coordinación y van actuar como grandes centrales de compras, lo que les permite tener un volumen de contratación que les puede permitir acordar unos precios unitarios más baratos. Y se las mantiene porque hay muchas provincias en España donde sólo hay una ciudad con más de 20.000 habitantes y la capacidad de las comunidades autónomas para actuar hasta en el último ayuntamiento es muy compleja. La Diputación tiene la lógica de ser una administración local y cuyos plenos están compuestos por electos locales, por ello tiene esa cercanía a los problemas y a la prestación de los servicios. Creemos que del volumen del contratación y de la cercanía salen ahorros.
Uno de los aspectos más valorados de la Ley es que el Estado va a garantizar a los municipios el cobro de los servicios cedidos por las comunidades autónomas. ¿Cómo?
La Ley prevé la delegación competencial. Las comunidades autónomas basadas en una posición de superioridad jerárquica imponían a las corporaciones locales celebrar convenios a través de los cuales tenían que llevar a cabo la prestación de servicios en algunos casos con una cobertura inferior al cien por cien del coste y, adicionalmente esa parte del coste que daba la comunidad no se la pagaban. Lo que la Ley previene es el mantenimiento del sistema convenial, pero con la obligación de que ahora la comunidad autónoma no podrá firmar un convenio con un ayuntamiento que no cubra el cien por cien del coste del servicio. Y, si no paga, el Estado le retendrá de la participación de ingresos que tiene la comunidad autónoma y se pagará directamente por el Estado a la corporación local.
La Ley deja también muy claro que las empresas municipales que no sean rentables tendrán que desaparecer antes del 1 de agosto de 2015. ¿Cuáles son los criterios para definir qué empresas cerrarán y cuáles van a seguir?
Es normativa europea. Nosotros lo que hacemos es trasladar la normativa comunitaria. Lo que queremos es que no haya empresas para eludir el derecho y para contratar personal político. Queremos que haya controles y eficacia en la prestación de los servicios públicos. Y somos conscientes de que muchos de esos servicios que prestan las empresas se van a tener que seguir llevando a cabo, pero se prestarán dentro de la corporación local y sujetos al derecho administrativo y por tanto a la fiscalización directa de la intervención local. ¿Qué van a tener que desaparecer muchas?, sí, pero no todas, porque también muchas van a poder llegar al menos a ese 51 por ciento de ingresos derivados de su actividad en el mercado.
¿El nuevo Plan de Pago a Proveedores va a permitir dejar los cajones vacíos de facturas?
Esa es la voluntad del Gobierno. Se aprobó una primera fase del Plan donde estaban incluidas todas las facturas de las corporaciones locales y los aspectos prioritarios de las comunidades autónomas. Esta cuestión ya está valorada y será objeto de un crédito extraordinario por parte del Gobierno, que posiblemente estará hecho antes de final de octubre, junto con una operación que se renegocia con la banca para que los tipos de interés sean más baratos, lo que puede suponer un ahorro a los ayuntamientos y comunidades autónomas de mil millones de euros. Y sobre el resto de las materias ya se aprobó la normativa correspondiente. Es decir, todos los proveedores van a cobrar sus facturas.