En la demanda, EEUU reclama a la agencia de calificación en torno a 5.000 millones de dólares, por defraudar a inversores, al presentar como objetivas unas calificaciones «deliberadamente hinchadas» para los bonos hipotecarios (CDO) con el fin de lucrarse.
El fiscal general de EEUU, Eric Holder, explicó que el fraude se produjo entre marzo y octubre de 2007, el periodo final de la burbuja inmobiliaria, cuando «casi todas las CDO respaldadas por una hipoteca única y calificadas por S&P no sólo dieron un pobre rendimiento, sino que fracasaron».