José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.
Que las comunidades autónomas se han convertido en un problema para los españolitos de a pie, a la altura del que les supone una clase política que no da la talla, ya lo dicen hasta las encuestas del CIS, que por cierto, es uno de los pocos organismos que en este país funcionan y sin contaminar. Uno de cada cuatro españoles se declara favorable a apostar por un Estado sin comunidades autónomas revela el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), además de que dos de cada tres defienden ya un recorte de competencias.
Y lo hace en plena deriva independentista en Cataluña, que algo sí tiene que ver con el asunto, pero menos. Porque, con independencia de la huída hacia adelante de Artur Mas, más para tapar sus millonarias miserias personales, el mayor descontento social de la ciudadanía tiene más que ver con lo que tiene, o mejor dicho, con lo que mantiene en casa que con lo que ve a través de la ventana del vecino. Ineficacia en la gestión; ineficiencia en el gasto público; deterioro en los servicios, multitud de asesores, empresas públicas, altos cargos y fundaciones sin sentido; duplicidad de organismos y funciones; subidas insaciables en los impuestos y en las tasas; pérdida de calidad de vida y ruptura de la igualdad entre españoles que consagra la Constitución. Todo ello para seguir manteniéndose ellos y los suyos, que no somos nosotros, engrosando notablemente la nómina del sector público, y retrasando, cuando no boicoteando, el necesario adelgazamiento de las administraciones. Porque, como se preguntaba recientemente ese grano de sensatez que le ha salido al PSOE, y que se llama Joan Mesquida, ¿puede permitirse España hoy el lujo de mantener diecisiete parlamentos autonómicos?
Pues, esto y no otra cosa es lo que perciben, percibimos, los sufridos contribuyentes de este país que empiezan a estar hartos de pagarlo todo sin derecho a nada, o a muy poco, mientras los gobiernos autonómicos se convierten cada día más en reinos de taifas que hacen y deshacen al margen del Gobierno del Estado, cuando no enfrentándose directamente a él. Y, si no, ahí están, como paradigmas de ese Juanpalomismo autista, el euro por receta implantado arbitrariamente en Madrid, gobernada por el Partido Popular, y en Cataluña, otra vez Mas, a sabiendas de que es inconstitucional. Pero a ellos les da igual, el caso es recaudar y mientras el Constitucional decide, eso que nos llevamos a costa del de siempre. Como ahora, que la subida de las tasas nos deja indefensos ante la arbitrariedad de las administraciones.
Pero no son sólo Madrid y Cataluña. Ahí tenemos a Extremadura, que también es del PP, y el País Vasco, aplicando la trampa legal para pagar la “extra” de los funcionarios en contra del mandato del Gobierno de Rajoy. O esas siete comunidades que incumplen el objetivo de déficit, o las que gravan con ese céntimo, más bien céntimos, que bajo el calificativo de sanitario no tiene más afán que el esquilmatorio, y que tanto está perjudicando la competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía. Casi tanto como los múltiples casos de corrupción que afectan a diestra, siniestra y los nacionalismos del espectro político, minando nuestro prestigio y la credibilidad internacional y la poca confianza que aún quedaba en las clases dirigentes, mientras ellos, solos o en compañía de otros nos predican austeridad a los demás y nos piden comprensión mientras nos vacían los bolsillos.
Y todas estas cosas, las cosas de las autonomías, también son muy importantes, incluso diría que trascendentales, para la recuperación y la salida de la crisis, que depende, muy mucho, de nuestra imagen exterior y de la confianza que inspiramos a nuestros socios de la UE y a los mercados que nos prestan. Cómo decían de la mujer del César en la antigua Roma, no sólo debe ser honrada, sino parecerla. Pero aquí, en la España de hoy, la imagen que estamos transmitiendo es que honrados somos poco y en parecerlo, ni nos molestamos.