El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha decretado este fin de semana la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones.
«Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en el departamento de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana», afirmó Morales.
Las firmas expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, Electropaz, y en Oruro, Elfeo (ambas operadas por la española Iberdrola desdde 1996), además de la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones. Fuentes consultadas por ABC estiman en 100 millones de dólares el valor de estas compañías.
La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa, en la que el Morales informó sobre la aprobación del decreto 1448, mediante el cual se determina la «nacionalización» de ambas empresas y la inmediata toma de sus instalaciones por parte del Estado. La norma también establece que se contratará «una empresa independiente» para que realice el cálculo financiero para determinar el monto que se pagará por las acciones de Electropaz y Elfeo.
Además dispone que se respetará la estabilidad laboral de los trabajadores de base de ambas firmas, aunque no ocurrirá lo mismo con los directivos, cuyos cargos serán definidos por la estatal Empresa Nacional de Electrificación, que a partir de hoy se hace cargo de ambas «nacionalizadas».
Esta nueva acción, se suma a la expropiación el pasado 1 de mayo las acciones que Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, poseía en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) y ordenó al Ejército que custiodara las instalaciones. Red Eléctrica Internacional adquirió en 2002 el 99,94% de las acciones de la empresa boliviana TDE, propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano (SIN), que atiende el 85% del mercado nacional. La expropiación se ejecutó el 1 de mayo sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica entre el Gobierno
boliviano y la empresa española.