La Comisión exigirá a cambio de esta ayuda fuertes reduccciones del tamaño de las entidades nacionalizadas y restricciones en su política comercial para compensar las distorsiones de competencia provocadas por la ayuda. Los bancos tendrán hasta cinco años para realizar las desinversiones exigidas, según Guindos.
El vicepresidente de la Comisión y responsable Competencia, Joaquín Almunia, aprobará los planes de reestructuración presentados por las cuatro entidades, que han sido negociados con el Gobierno y con el Banco de España durante las últimas semanas.
En cada plan de reestructuración se recoge la cantidad de ayuda que necesitará cada entidad para garantizar su viabilidad futura, el nivel de pérdidas que deberán asumir los tenedores de preferentes y deuda subordinada para garantizar un reparto adecuado de la carga, los activos inmobiliarios que se transferirán al banco malo y la reducción de balance que imponga Bruselas.