Javier Valero Artola
Administrador de una PYME exportadora
El Gobierno desde su toma de posesión ha diseñado una serie de medidas, muchas de ellas de carácter estructural, que tienen como objetivo el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo.
Uno de los aspectos de la economía española con más peso es el Sector Exterior, que ha jugado siempre, bien a favor o en contra, un papel fundamental en su evolución. En la actual situación, el Sector Exterior aparece como uno de los pocos factores dinamizadores de la economía. Dentro de ese apartado, la exportación de bienes y servicios y las inversiones son los elementos autónomos que, aunque presentan un componente estructural muy elevado, pueden a corto plazo tener alguna sensibilidad al crecimiento mediante medidas «favorecedoras».
En los últimos meses, las más altas instancias del Estado, capitaneadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, aparecen, a través de una serie de encuentros y convocatorias, como los impulsores de la actividad internacional de España en el exterior, considerada un factor clave para apoyar el crecimiento económico. Se han organizado diferentes foros donde se ha convocado a las grandes compañías eléctricas, a los grandes bancos, a las grandes constructoras, a las grandes operadoras de telecomunicación, a las grandes ingenierías, a las grandes cadenas de distribución… haciéndoles protagonistas de la salida de España al exterior y encomendándoles el papel de cruzados de nuestra presencia internacional. A los importantes asuntos en cuya gestación, probablemente, estas empresas participan habitualmente, como son la reforma bancaria, el déficit tarifario, los horarios comerciales, las inversiones en infraestructuras, etc., se suma ahora la Actividad Exterior de España.
Que el Gobierno favorezca a las grandes empresas en su internacionalización no parece que sea censurable y que continúe ese impulso y apoyo de la Administración tampoco. Sin embargo (ya estamos con los sin embargos), tanto hincapié en las grandes empresas puede ser a costa de postergar esos apoyos a otros tipos de empresas. De hecho se pueden dar una serie de facilidades y aplicar unos criterios flexibles a las grandes referencias de la exportación española que resultan mas difíciles de aplicar a otros agentes económicos, como son los pequeños y medianos exportadores, que por supuesto tampoco participan en la discusión de los grandes temas, aunque sí que sufren las consecuencias.
Todos los datos avalan que el futuro de la economía española pasa por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en paralelo al apoyo a las grandes compañías.
En España hay aproximadamente 3,5 millones de empresas, y según la definición de la Comisión Europea entre microempresas (menos de 10 trabajadores), pequeñas (menos de 50) y medianas (menos de 250) suman el 99,5% del total.
De todas ellas, solo 120.000 empresas (de acuerdo con los datos del Icex) realizan actividad exportadora. Más del 50% del total de las exportaciones provienen de medio millar de empresas, es decir, de las grandes.
A su vez, las importaciones suponen cerca de un 75% de la demanda interna española, en un proceso progresivamente creciente que no parece que vaya a variar (en 1970 era cercano al 25%), lo cual nos exige que todas nuestras empresas, grandes y pequeñas, si desean mantener su competitividad, deban vender fuera de nuestro mercado.
Los problemas, dificultades y obstáculos a los que se enfrentan en la actividad exterior, en definitiva en su competitividad, pueden ser comunes, parecidos o afectar en un grado diferente a las empresas dependiendo de su tamaño. Es importante que, utilizando todo el impulso que las grandes empresas dan a la presencia de las pequeñas y medianas en el exterior, la Administración Económica del Estado, que es quien tiene medios, instrumentos y conocimiento, aplique las políticas de apoyo y fomento en función de las diferencias de grado de los problemas.
Así por ejemplo, el tema actual de la extremas dificultades con que nos encontramos para la financiación y prefinanciación de las exportaciones es común para todo tipo de empresas, pero en el caso de las pequeñas puede ser letal. No es justo ni conveniente que la flexibilidad que los diferentes instrumentos financieros de fomento puedan brindar a las empresas grandes no se aplique a las medianas y pequeñas.
Lo mismo cabría decir de los diversos tratamientos fiscales como forma de apoyo a la internacionalización, que deberán ser iguales para todas las empresas.
Para concluir, y sin quitar mérito a las grandes empresas y comprendiendo lo atractivo de las reuniones con las cabezas y los grandes líderes empresariales españoles, creemos que los pequeños exportadores deben seguir siendo atendidos lo mejor posible por las Embajadas y Oficinas Comerciales, y en particular, por las instituciones que administran los instrumentos de fomento y apoyo a la internacionalización. Desde aquí lanzamos un llamamiento para que estas instituciones, en el presente contexto de penuria presupuestaria, prosigan el proceso de adaptación y mejora que debería tener en cuenta que la actividad exterior de las empresas, de todas las empresas españolas, es uno de los pocos factores dinamizadores susceptible de cierta potenciación a corto plazo.