José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.
El programa de Gobierno del Partido Popular tiene como eje el apoyo a los emprendedores para favorecer la inversión y la creación de empleo a través de una bajada selectiva de impuestos, comenzando por el de Sociedades.
Si decimos lo que vamos a tener que hacer “no nos votaría nadie”. Con este alarde de sinceridad avanzaba Cristóbal Montoro , a un destacado dirigente empresarial el paquete de difíciles medidas inmediatas que va tener que adoptar el presumible gobierno de Rajoy para poner en orden nuestra economía después del 20-N.
Un paquete de medidas que Rodriguez Zapatero no se atrevió, o no le dejaron, realizar, por aquello de no echar más leña al fuego a la campaña, y que aparecen definidas en esa carta de Trichet, que tanto niega nuestro Presidente pero que todos sabemos recibió.
Una carta similar a la que también recibiera en Italia Berlusconi y en la que el Banco Central Europeo les detalla el precio, en ajustes y recortes, a pagar por su ayuda en el mercado de la deuda. Medidas que empiezan por liberalizar servicios públicos, reformar la negociación colectiva para adaptar las condiciones laborales a las necesidades de cada empresa y una reforma de los modelos de contratación y de despido que, lógicamente implican menos tipos de contrato y mayor flexibilización para su rescisión, en línea con las peticiones, que ha realizado aquí la CEOE.
Pero no se queda ahí el BCE. Porque en un segundo paquete de actuaciones exige medidas enérgicas e inmediatas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder llegar al equilibrio fiscal en 2013. A saber, endurecer los requisitos para acceder a la prestación de la jubilación; reducir los salarios de lo funcionarios para obtener un recorte significativo de los gastos del personal público; aplicar medidas correctivas en las cuentas de las comunidades autónomas, suprimir o reducir entidades locales como las diputaciones provinciales (aunque no las cita expresamente) y agrupando municipios además de modificar la Constitución para introducir una cláusula automática para limitar el déficit.
Con esta norma la pretensión de Trichet y sus burócratas del BCE era que los posibles desvíos en los objetivos de déficit “se compensaran automáticamente con cortes horizontales en los gastos discrecionales”, y cito textualmente el párrafo de la misiva que oculta Zapatero y que su colega italiano sí ha tenido el valor de reconocer y publicar.
Pues bien, de todas estas exigencias ZP sólo se atrevió a cumplir la última, la de la Constitución y obligando a tragarse un sapo al candidato Rubalcaba. El resto del paquete es una herencia envenenada que, si Dios, o mejor dicho los mercados, no remedian, va a marcar el inicio de la legislatura de Rajoy.
Pero, como contrapunto, el programa de Gobierno del Partido Popular tiene como eje el apoyo a los emprendedores para favorecer la inversión y la creación de empleo a través de una bajada selectiva de impuestos, comenzando por el de Sociedades.
Una rebaja que, en círculos próximos a Mariano Rajoy, aseguran será “permanente y sin condiciones”, con un tipo del 25 por ciento para empresas de hasta 12 millones de euros de facturación y del 20 por ciento para aquellas pymes o micropymes que facturen hasta un máximo de cinco millones.
En la actualidad el tipo reducido del 25 por ciento es sólo aplicable para las empresas con un tope de facturación de diez millones de euros, por lo que la propuesta del Partido Popular permite una ampliación sensible en el número de empresas beneficiadas.
Esta reforma se complementará, además con apoyos a la innovación y a la internacionalización empresarial y la deducción por reinversión de los beneficios empresariales.
Se trata, en definitiva de intentar conjugar el objetivo ineludible de la reducción del déficit con la recuperación del crecimiento a través del impulso al consumo y la inversión. ¡Ojala que si gobiernan lo consigan!, porque aquí, gane quien gane, nos la jugamos todos.
José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.