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Las inversiones extranjeras en Brasil atienden a una legislación compleja

Brasil es considerada la octava potencia económica mundial y uno de los países más atractivos para invertir en la actualidad. Con un crecimiento del PIB en 2010 del 7.5%, la economía brasileña ha superado la crisis económica mientras otros países aún veían crecimientos muy bajos o incluso decrecimiento. Se estima que desde 2003 más de 20 millones de brasileños han superado el umbral de la pobreza, lo que contribuye al desarrollo del país y a la mejora de la calidad de vida de su población.

Brasil es considerada la octava potencia económica mundial y uno de los países más atractivos para invertir en la actualidad. Con un crecimiento del PIB en 2010 del 7.5%, la economía brasileña ha superado la crisis económica mientras otros países aún veían crecimientos muy bajos o incluso decrecimiento. Se estima que desde 2003 más de 20 millones de brasileños han superado el umbral de la pobreza, lo que contribuye al desarrollo del país y a la mejora de la calidad de vida de su población.

Pero el desarrollo social y económico del país no se ha acompañado de una reforma fiscal y administrativa que facilite hacer negocios en Brasil y la entrada de capital extranjero. Es por ello que la actual presidenta, Dilma Rouseff, ha reiterado su intención de llevar a cabo determinadas reformas políticas y fiscales que ni Lula ni Cardoso pudieron realizar durante sus respectivos mandatos.

Según el informe “Doing Business 2011” del Banco Mundial e International Finance Corporation, Brasil se sitúa en el puesto 127 de 183 en lo que se refiere a la facilidad para hacer negocios (el año anterior se situaba en el puesto 124). La compleja legislación fiscal y laboral, junto a los diferentes niveles gubernamentales del país (federal, estatal y municipal), hace que Brasil sea uno de los países en los que establecerse para hacer negocios requiere mayor tramitación y plazos más extensos (120 días según el referido informe). Además, las empresas brasileñas destinan una media de 2.600 horas al año para hacer frente a sus obligaciones tributarias, cuando la media en Latinoamérica y el Caribe es de 385 horas.

Los vehículos de inversión más utilizados en Brasil son las sociedades por acciones y las limitadas, siendo ésta última la más habitual y la que tiene una estructura más simple de administración. Cabe destacar que en el acto constitutivo la ley prevé un desembolso mínimo del 10% del capital social para la sociedad por acciones, pero no prevé desembolso mínimo para la sociedad limitada (pudiendo fijar un plazo para realizar las aportaciones), y salvo en supuestos muy específicos, no exige un capital social mínimo. Además, ambos tipos societarios deben tener al menos dos socios pues la legislación brasileña no prevé la unipersonalidad. También debemos resaltar que los administradores de sociedades brasileñas deben ser brasileños o extranjeros residentes, siendo en este último caso necesario obtener el correspondiente visado.

Desde la perspectiva fiscal, las inversiones extranjeras en Brasil deben atender a una legislación compleja y a las posibles variaciones o exenciones a las que pueden acceder en función de distintos parámetros. En todo caso esta inversión – la participación que se mantiene de forma permanente por inversores no residentes mediante la titularidad de acciones o participaciones sociales de sociedades brasileñas – debe ser registrada en el Banco Central de Brasil, y aunque este registro no está sujeto a verificación o examen preliminar por parte del Banco Central – lo que implica que la sociedad brasileña y/o el representante del inversor extranjero serán los responsables del registro y mantenimiento de la documentación justificante – el mismo es esencial para la futura repatriación de la inversión, pues, realizado el registro, las inversiones extranjeras directas pueden ser repatriadas en cualquier momento, sin período mínimo de inversión.

Además de los impuestos que gravan los negocios que se realizan en Brasil (por ejemplo, impuesto sobre ventas, servicios, cotizaciones a la Seguridad Social, impuesto y contribución social sobre beneficios), las inversiones extranjeras directas están sujetas, con carácter general, al siguiente régimen fiscal:
• Los dividendos correspondientes a beneficios contables de sociedades domiciliadas en Brasil no están sujetos a ninguna retención fiscal, tanto para personas físicas o jurídicas domiciliadas en Brasil o en otro país.
• Los intereses y las plusvalías están sujetas a un retención fiscal del 15% (o del 25% si son personas domiciliadas en paraísos fiscales) entendiendo por plusvalía la diferencia entre el valor liquidativo de la inversión y el coste de adquisición (reflejado en el Banco Central).

• En algunos casos resultarán de aplicación las normas de precios de transferencia, cuyo objetivo es penalizar fiscalmente la transferencia de ingresos al extranjero mediante la manipulación de los precios de importaciones o exportaciones de bienes, servicios o derechos en operaciones realizadas con partes vinculadas establecidas en el extranjero o con personas domiciliadas en paraísos fiscales.
También conviene tener en cuenta el impuesto sobre operaciones financieras – IOF, impuesto federal que grava determinadas operaciones financieras y cuya base impositiva y tipo aplicable varían considerablemente en función del tipo de transacción (el tipo varía entre el 0% y el 25%), los costes arancelarios para la importación y la compleja legislación laboral brasileña, aprobada en 1943 y de carácter proteccionista (lo que hace que las demandas laborales sean muy frecuentes).

En definitiva, teniendo en cuenta la estabilidad política lograda en los últimos años y las perspectivas de desarrollo económico proyectadas para los siguientes, Brasil constituye una excelente oportunidad para inversores extranjeros, pero éstos deben tener en cuenta que se encuentran ante un mercado regulado con múltiples procedimientos burocráticos y administrativos que requieren inversión y tiempo para lograr el objetivo deseado.

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