Roland Schneider
ARSENE TAXAND
| La reforma del IRPF prevista en primavera está resultando umpopular |
El objeto de las reformas fiscales implantadas en los últimos años es facilitar la competencia entre las empresas francesas y sus competidoras fuera del país, al tiempo que atraer más inversiones extranjeras a Francia.
Un ejemplo de estas reformas es la exención de las plusvalías generadas por la enajenación de participaciones mantenidas durante al menos dos años (exceptuando un porcentaje de gastos y cargos equivalente al 5% de las plusvalías) aplicable desde 2007. Esta exención cubre participaciones mantenidas en filiales francesas y extranjeras y debe verse desde la perspectiva de la posible deducción de los gastos financieros incurridos al adquirir participaciones (con sujeción al cumplimiento de las normas sobre subcapitalización de financiación entre empresas del mismo grupo). Se trata de una exención que hace de Francia uno de los países europeos más atractivos para el establecimiento de sociedades holding, y permite que las sedes de los principales grupos franceses sigan en el país. La oposición, con frecuencia, aboga por la eliminación de esta exención, que resulta cara para el Estado. Sin embargo, las posibilidades de que tenga lugar dicha eliminación son remotas, puesto que colocaría a Francia en clara desventaja frente a sus principales competidores.
Otra reforma representativa del intento del Gobierno de hacer que Francia resulte más atractiva de cara a las actividades de investigación es la reforma de la deducción por actividades de investigación, que entró en vigor en 2008. Se procedió a simplificar la deducción fiscal (actualmente se computa sobre el volumen de gastos en investigación, en lugar de sobre el incremento de dichos gastos, que era sobre lo que se calculaba anteriormente, y su límite ha aumentado considerablemente). Por otro lado, el Estado reembolsará esta deducción si el importe de la cuota tributaria de la empresa no es lo suficientemente alto como para permitir su compensación.
Más recientemente se ha producido otra reforma esencial que tiene por objeto permitir que las empresas francesas estén mejor preparadas para competir con otras empresas extranjeras. Se trata de la derogación, a partir del día 1 de enero de 2010, del famoso taxe professionnelle, que gravaba, entre otros activos, las instalaciones industriales. Este impuesto, que se pagaba a los municipios y las autoridades locales y estaba basado en el valor del arrendamiento del inmovilizado material (bienes muebles e inmuebles) propiedad de las empresas, ha sido sustituido por un impuesto bipartito: (i) un impuesto que grava el valor del arrendamiento de los inmuebles y (ii) un impuesto sobre el valor añadido, cuyo tipo máximo es de un 1,5% (aplicable a empresas cuyos ingresos superan los 50 millones de euros).
La derogación del taxe professionnelle ha suscitado un importante debate político, puesto que constituye una revolución para las autoridades locales y el coste que entraña la reforma para la hacienda pública es difícil de calcular. De hecho, como resultado de esta reforma las autoridades locales han perdido parte de su independencia presupuestaria, ya que los tipos del impuesto en cuestión se decidían anteriormente en el ámbito local. Asimismo, el nuevo impuesto sobre el valor añadido genera menos ingresos que el antiguo taxe professionnelle ; este déficit de las autoridades locales será compensado por el Estado.
Los dos proyectos de ley de presupuestos actualmente debatidos por el Parlamento francés confirman el deseo del Gobierno de no cuestionar ninguna de las citadas reformas, a pesar de la grave crisis financiera y económica que afecta a Francia y a otros países occidentales (Europa y América del Norte).
Con el objeto de reducir el déficit presupuestario, el cual ha crecido de forma alarmante en los últimos años, el Gobierno ha optado por subir el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no por medio de un aumento general de sus tipos impositivos, sino mediante la eliminación de determinados beneficios fiscales (a lo largo de los años se habían establecido numerosas exenciones y deducciones que reducían el tipo impositivo medio). Por contraste, las empresas se han librado, puesto que las escasas medidas que les afectan consisten principalmente en ajustes técnicos.
Es preciso mencionar asimismo que existen planes para establecer un auténtico sistema de transparencia fiscal (atribución de rentas) para empresas. El actual régimen fiscal de las empresas francesas es un sistema conocido como “translúcido”: el impuesto sobre beneficios se calcula a nivel de la sociedad pero es pagado por los socios; por otro lado, la Administración tributaria francesa considera que las sociedades francesas son residentes (en el sentido previsto en los convenios fiscales internacionales) lo que da lugar a casos de doble tributación y doble exención cuando otros Estados consideran que dichas sociedades son totalmente transparentes (en particular, en las jurisdicciones de Derecho consuetudinario). El objeto de esta reforma es evitar conflictos legislativos de esta naturaleza en el futuro.
Por último, el Gobierno pretende poner en marcha en primavera una importante reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas con el objetivo de derogar una serie de medidas de protección fiscal (tax shield), lo que ha generado amplias reacciones en los últimos meses. Existen asimismo planes para derogar el impuesto sobre el patrimonio, dado que Francia es uno de los últimos países en los que se sigue gravando. La derogación de este impuesto supone que será preciso encontrar otra fuente de financiación para obtener los fondos que se recaudaban a través del mismo, a efectos de compensar el déficit de ingresos del Estado. Estos ingresos podrían generarse a través del incremento de los impuestos sobre las rentas procedentes de inversiones y activos.
Roland Schneider
ARSENE TAXAND
(TAXAND es la red global de despachos fiscalistas independientes de la que GARRIGUES es miembro-fundador.)