El Congreso aprobó ayer por unanimidad la Ley de Puertos, lo que la convierte en la de mayor respaldo parlamentario de la democracia, como fruto del intenso diálogo con las fuerzas políticas y sociales para dar respuesta a las necesidades planteadas por los agentes económicos y sociales y por la comunidad portuaria. Esta Ley pretende ser un pilar sólido para que los puertos españoles desarrollen plenamente sus potencialidades, al servicio del comercio y del transporte marítimo, contribuyendo a la recuperación económica.
Asimismo, esta Ley proporcionará, según afirmó el ministro de Fomento, José Blanco, en su intervención ante el Senado “el marco de estabilidad jurídica deseado para avanzar sobre los pilares de la productividad, la competitividad y la eficiencia y para mejorar la competitividad de nuestra red de transportes”. Blanco añadió que la nueva Ley, además de potenciar la calidad y la eficiencia como elementos claves de futuro, “premia la buena gestión y bonifica la superación de los niveles de productividad actuales, apuesta por unos puertos comprometidos con su entorno socioeconómico, bonificando las buenas prácticas ambientales, e impulsa la plena integración de los puertos en el sistema de transporte”.
Cabe señalar que el Sistema Portuario de Titularidad Estatal un instrumento esencial en la economía española, pues por él pasan el 85% de las importaciones y la mitad de las exportaciones de nuestro país, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y unos 110.000 indirectos, y su actividad supone el 20% del PIB del sector de transporte español y el 1,1% del PIB nacional.