Estos sindicatos de trabajadores de cajas de ahorros consideran que el Decreto es inconstitucional y contrario al Derecho Comunitario, porque permite privatizar las cajas y terminar con el sistema social del ahorro vigente en España en los últimos 130 años, y solicitaron ayer su derogación inmediata.
La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa), la Federació d´Estalvi de Catalunya (FEC) y el Sindicato Profesional Independiente de Cajas de Ahorros del Mediterráneo (Sicam), tres de los sindicatos que representan a trabajadores en toda España en el sector de las cajas de ahorros, impugnaron ayer, ante el Tribunal Supremo, el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno el pasado viernes, y que modifica de un modo amplio y sustancial la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros y otras diferentes normas del sistema financiero español.
Los tres sindicatos, que están asesorados por el prestigioso abogado y doctor en Derecho Administrativo, y especialista en Cajas de Ahorros, César Ciriano, solicitaron la suspensión de la aplicación del Real Decreto Ley, que entró ayer mismo en vigor, por considerar que su aprobación supone “una burda e inaceptable privatización y progresiva de las cajas de ahorros en España, que termina con el sistema de ahorro social representado por las cajas, que ha estado en vigor en España, funcionando con eficacia y un gran apoyo social, con más del 50% de cuota de mercado, en los últimos 130 años”.
Los recurrentes acudieron al Palacio de La Moncloa para consultar el expediente sobre la aprobación del Real Decreto Ley y reforzar sus argumentos expuestos en el recurso. Asimismo, se entrevistaron también con el presidente de la CECA, Isidro Fainé, y con el director general, José Antonio Olavarrieta, para tratar distintas cuestiones.
Para estos sindicatos, el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Cajas a través de un Decreto Ley decidido con gran precipitación, y sin contar con el consenso previo de los agentes económicos y sociales y de todos los sectores afectados por la reforma: trabajadores, impositores-usuarios bancarios, Comunidades Autónomas, que son, a juicio de estos sindicatos, quienes tienen las competencias sobre cajas, los Ayuntamientos, las entidades fundadoras y los ciudadanos en general.