La crisis ha propiciado un aumento de la evasión fiscal en España durante el pasado año, hasta el punto de que la economía sumergida creció en 0,7 puntos porcentuales, alcanzando los 244.918 millones de euros en 2009, una cifra que representa un 23,3% del PIB nacional.
En los últimos 10 años el dinero negro ha aumentado en más de 25.000 millones de euros, según el último «Informe de Economía Sumergida 2000-2009» elaborado por los Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha).
Según el informe elaborado por Gestha se pone de relieve cómo el importante crecimiento del fraude fiscal, unido a la caída de la actividad económica, han motivado un desplome de la recaudación tributaria de 27.362 millones hasta noviembre del pasado año. Las partidas más perjudicadas por la crisis y el fraude fueron, precisamente, el IVA y el Impuesto de Sociedades que cayeron un 29,8% (13.677 millones de euros) y un 23,1% (6.007 millones de euros), respectivamente.
Los Técnicos de Hacienda explican que en época de crisis, lo primero que dejan de pagar las empresas cuando no pueden hacer frente a todas sus obligaciones son los impuestos, porque la evasión les origina «menos dificultades», que el impago a trabajadores, entidades financieras o proveedores.
Según Gestha, esta evasión fiscal explica que el Estado dejara de recaudar más de 71.000 millones de euros en los últimos diez años, que es la cantidad que tendría que haber ingresado de acuerdo a la recaudación impositiva por IVA en este periodo. Así, mientras que el PIB registró un crecimiento de más del 60% entre los años 2000 y 2009, las cuotas de IVA ingresadas por empresario en este último año han retrocedido a niveles de hace 10 años.
Así, el dinero negro ha aumentado 2,4 puntos del PIB en el último decenio, lo que explica que aunque la economía ha crecido a niveles históricos gracias al ‘boom’ inmobiliario, la recaudación lo ha hecho a un ritmo mucho menor debido a la evasión fiscal en el sector de la construcción. Gestha estima que sólo el fraude en este sector representa unos 8.800 millones de euros anuales.
Donde más ha crecido la economía sumergida ha sido en Navarra y la Comunidad Valenciana, seguidas de Andalucía, Murcia y La Rioja. Asturias y Extremadura contuvieron en mayor medida este crecimiento. Al contrario que estas, la Comunidad de Madrid y el País Vasco han sido las únicas regiones que han reducido el fraude entre 2000 y 2009.
Ante este incremento del nivel de fraude, los Técnicos de Hacienda comparten las teorías manifestadas en estas últimas semanas por algunos grupos políticos, colectivos sindicales y autónomos de priorizar la lucha contra la economía sumergida y el fraude para elevar los ingresos, en lugar de acometer sobre los trabajadores y pensionistas que contemplan con recelo la recientemente anunciada reforma del sistema de pensiones.
Según palabras del secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “nuestra prioridad es que quienes defrauden, dejen de hacerlo, y evitar la evasión fiscal para elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales. Si logramos este objetivo, los técnicos apoyamos la propuesta de reforma de la financiación de las pensiones basada en un sistema mixto, financiado no sólo con las aportaciones de los trabajadores sino también con impuestos. Además, apoyamos la propuesta de elevar la edad de jubilación con carácter voluntario y no obligatorio”.
Mollinedo considera fundamental que el nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal que se dará a conocer el viernes, día 5 de marzo, incluya algunas de la políticas que los países con tasas de economía sumergida muy inferiores a la española, vienen desarrollando, como son una estimación oficial de la bolsa de dinero negro cada dos o tres años, desagregada por territorios y sectores.
Los Técnicos de Hacienda consideran que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria estatal podría reducir hasta un 10% nuestro ratio de economía sumergida, situándonos en niveles de los países más avanzados de la Unión Europea. De este modo, se podrían recaudar anualmente más de 38.000 millones de euros adicionales que mejorarían las prestaciones sociales, evitando los recortes a los colectivos menos favorecidos.
Además, los Técnicos estiman que el Parlamento debe fijar los objetivos de reducción de economía sumergida y realizar el control de los resultados de acuerdo con la siguiente edición de la estimación del fraude. La Agencia Tributaria, por su parte, debe fijar los criterios y programas para lograrlo, apoyándose con los estudios que determinarán dónde se sitúa la economía sumergida en nuestro país.
Gestha cree necesario fomentar la coordinación y consorcio con otras Administraciones Públicas implicadas (estatal, autonómicas o locales), procurando alcanzar un pacto contra el fraude fiscal y para mejorar la eficiencia y el control del gasto público.
Por último, abogan porque se aprovechen las capacidades y potencial de todos los empleados de la AEAT y del Ministerio de Economía y Hacienda, y se permita a los Técnicos de Hacienda que asuman mayores responsabilidades en la lucha contra el fraude y el control del gasto público. De este modo Hacienda podría dedicarse a investigar los fraudes de las grandes Corporaciones, los desarrollos urbanísticos y las grandes fortunas, en vez de estar centrada en el pequeño contribuyente, en los autónomos y en las pymes.