La industria química española cerró 2025 con una facturación prácticamente estable, pero advierte del creciente riesgo de desinversión si no se adoptan medidas estructurales para reducir los costes energéticos y mejorar la competitividad del sector.
Según los datos del sector, la cifra de negocios se situó en 85.417 millones de euros, apenas un 0,1% menos que en 2024. Este estancamiento se produce pese a un aumento de la producción del 1,3%, que se vio neutralizado por la caída de los precios en un contexto de debilidad de la demanda europea y presión competitiva internacional.
La química consolida su papel como motor exterior, al alcanzar exportaciones por valor de 62.926 millones de euros, un 6,4% más, lo que la sitúa como el primer sector exportador de España, con el 18% del total de las ventas de mercancías al exterior.
El sector genera cerca del 74% de su negocio en mercados internacionales, con la Unión Europea como principal destino (56%), especialmente Francia, Alemania y Países Bajos. Fuera de la UE, destacan Estados Unidos, Suiza y China.
El principal foco de preocupación se sitúa en la química básica, que representa aproximadamente un tercio de la producción y que continúa afectada por la debilidad de la demanda y, sobre todo, por el elevado coste de la energía en Europa.
El diferencial energético frente a Estados Unidos y China sigue siendo uno de los principales factores de pérdida de competitividad. El gas en Europa se sitúa entre cuatro y cinco veces por encima de los precios estadounidenses, mientras que la electricidad alcanza niveles muy superiores a los de sus principales competidores.
Este contexto ha provocado ya un ajuste significativo en Europa, con el cierre de 126 plantas desde 2022 y la pérdida del 9% de la capacidad productiva, lo que refuerza el riesgo de nuevas desinversiones si no se corrige el entorno.
El sector reclama medidas estructurales urgentes para abaratar la energía, entre ellas la reducción de la fiscalidad eléctrica, la rebaja de peajes para consumidores intensivos y un mayor nivel de compensaciones por emisiones indirectas de CO₂.
Además, plantea la necesidad de desarrollar un estatuto específico para consumidores gasintensivos que permita mitigar el impacto de la volatilidad del gas, especialmente en un contexto marcado por tensiones geopolíticas.
En paralelo, la industria pide simplificar la regulación europea y adaptar instrumentos como el mercado de emisiones (ETS) o el mecanismo de ajuste en frontera (CBAM) para evitar una pérdida de competitividad frente a terceros países.
El conflicto en Oriente Medio está añadiendo presión adicional a los costes del sector. Solo el incremento del precio del gas en marzo ha supuesto un sobrecoste estimado de 40 millones de euros para la industria, al que se suman mayores costes logísticos y de materias primas.
El riesgo principal, según el sector, radica en una prolongación del conflicto, que podría elevar aún más los precios energéticos y trasladar nuevos costes a la cadena productiva.
La industria química también reclama acelerar el despliegue de instrumentos de apoyo a la inversión en descarbonización, como los contratos por diferencias de carbono, que permitan reducir la incertidumbre y facilitar proyectos industriales de largo plazo.
Al mismo tiempo, pide reforzar los mecanismos de defensa comercial ante prácticas de dumping y subvenciones de terceros países, especialmente en un contexto de sobrecapacidad global liderada por China.
Actualmente, el 40% de las investigaciones comerciales abiertas en la UE afectan a productos químicos, lo que refleja la presión creciente sobre el sector.
La industria química es un pilar clave de la economía al situarse en el inicio de la mayoría de las cadenas de valor industriales y suministrar productos esenciales para cerca del 98% de las actividades productivas.
En este contexto, el sector advierte de que, sin medidas estructurales que mejoren su competitividad, existe un riesgo real de pérdida de inversión industrial en Europa, con impacto directo sobre empleo, innovación y autonomía estratégica.
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