Acuerdo para la primera ley integral sobre IA del mundo

La Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la propuesta que establece normas armonizadas sobre inteligencia artificial (IA), también llamada ley de inteligencia artificial.

El proyecto de reglamento pretende garantizar que los sistemas de IA comercializados en el mercado europeo y utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de la UE. Esta propuesta histórica también pretende estimular la inversión y la innovación en IA en Europa.

La Ley de la IA es una iniciativa legislativa emblemática con potencial para fomentar el desarrollo y la adopción de una IA segura y fiable en todo el mercado único de la UE, tanto por parte del sector público como del privado.

La idea principal es regular la IA basándose en la capacidad de esta última para causar daño a la sociedad siguiendo un enfoque ‘basado en el riesgo’: cuanto mayor sea el riesgo, más estrictas serán las normas. Como la primera propuesta legislativa de este tipo en el mundo, puede establecer un estándar global para la regulación de la IA en otras jurisdicciones, al igual que el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), promoviendo así el enfoque europeo de la regulación tecnológica en el escenario mundial.

Principales puntos a tener en cuenta

En comparación con la propuesta inicial de la Comisión, los principales elementos nuevos del acuerdo provisional pueden se resumen en: Normas sobre modelos de IA de uso general de alto impacto que puedan causar un riesgo sistémico en el futuro, así como sobre sistemas de IA de alto riesgo; un sistema revisado de gobernanza con algunas competencias de ejecución a escala de la UE; ampliación de la lista de prohibiciones, pero con la posibilidad de utilizar la identificación biométrica a distancia por parte de las autoridades policiales en espacios públicos, con sujeción a salvaguardias y una mejor protección de los derechos mediante la obligación de que los implementadores de sistemas de IA de alto riesgo lleven a cabo una evaluación de impacto en los derechos fundamentales antes de poner en funcionamiento un sistema de IA.

Para garantizar que la definición de un sistema de IA proporcione criterios suficientemente claros para distinguir la IA de los sistemas de software más simples, el acuerdo transaccional alinea la definición con el enfoque propuesto por la OCDE.

El acuerdo provisional también aclara que el Reglamento no se aplica a ámbitos fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la UE y no debe, en ningún caso, afectar a las competencias de los Estados miembros en materia de seguridad nacional ni a ninguna entidad encargada de tareas en este ámbito. Además, la ley de IA no se aplicará a los sistemas que se utilicen exclusivamente con fines militares o de defensa. Del mismo modo, el acuerdo establece que el Reglamento no se aplicaría a los sistemas de IA utilizados con fines exclusivos de investigación e innovación, ni a las personas que utilicen la IA por motivos no profesionales.

Prácticas de IA de alto riesgo y prohibidas

El acuerdo transaccional prevé una capa horizontal de protección, incluida una clasificación de alto riesgo, para garantizar que no se capturen los sistemas de IA que no puedan causar violaciones graves de los derechos fundamentales u otros riesgos significativos. Los sistemas de IA que presenten un riesgo limitado estarían sujetos a obligaciones de transparencia muy ligeras, por ejemplo, revelar que el contenido ha sido generado por IA para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas sobre su uso posterior.

Se autorizaría una amplia gama de sistemas de IA de alto riesgo, pero sujetos a una serie de requisitos y obligaciones para acceder al mercado de la UE. Estos requisitos han sido aclarados y ajustados por los colegisladores de tal manera que sean más técnicamente viables y menos gravosos de cumplir para las partes interesadas, por ejemplo en lo que respecta a la calidad de los datos, o en relación con la documentación técnica que deben elaborar las pymes para demostrar que sus sistemas de IA de alto riesgo cumplen los requisitos.

Dado que los sistemas de IA se desarrollan y distribuyen a través de cadenas de valor complejas, el acuerdo transaccional incluye cambios que aclaran la asignación de responsabilidades y funciones de los distintos agentes de esas cadenas, en particular los proveedores y usuarios de sistemas de IA. También aclara la relación entre las responsabilidades en virtud de la Ley de IA y las responsabilidades que ya existen en virtud de otra legislación, como la legislación sectorial o de protección de datos pertinente de la UE.

Para algunos usos de la IA, el riesgo se considera inaceptable y, por lo tanto, estos sistemas estarán prohibidos en la UE. El acuerdo provisional prohíbe, por ejemplo, la manipulación cognitivo-conductual, la eliminación no selectiva de imágenes faciales de Internet o de las imágenes de circuito cerrado de televisión, el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las instituciones educativas, la puntuación social, la categorización biométrica para inferir datos sensibles, como la orientación sexual o las creencias religiosas, y algunos casos de vigilancia policial predictiva para las personas.

Excepciones a la aplicación de la ley

Teniendo en cuenta las especificidades de las autoridades policiales y la necesidad de preservar su capacidad para utilizar la IA en su labor vital, se acordaron varios cambios en la propuesta de la Comisión en relación con el uso de sistemas de IA con fines policiales. Con sujeción a las salvaguardias adecuadas, estos cambios tienen por objeto reflejar la necesidad de respetar la confidencialidad de los datos operativos sensibles en relación con sus actividades. Por ejemplo, se introdujo un procedimiento de emergencia que permite a los organismos encargados de hacer cumplir la ley desplegar una herramienta de IA de alto riesgo que no haya superado el procedimiento de evaluación de la conformidad en caso de urgencia. Sin embargo, también se ha introducido un mecanismo específico para garantizar que los derechos fundamentales estén suficientemente protegidos contra cualquier posible uso indebido de los sistemas de IA.

Por otra parte, por lo que se refiere al uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público, el acuerdo provisional aclara los objetivos en los que dicho uso es estrictamente necesario a efectos policiales y para los que, por lo tanto, debe permitirse excepcionalmente a las autoridades policiales utilizar dichos sistemas. El acuerdo de transacción prevé salvaguardias adicionales y limita estas excepciones a los casos de víctimas de determinados delitos, la prevención de amenazas reales, presentes o previsibles, como los ataques terroristas, y la búsqueda de personas sospechosas de los delitos más graves.

Sistemas de IA de propósito general y modelos básicos

Se han añadido nuevas disposiciones para tener en cuenta las situaciones en las que los sistemas de IA pueden utilizarse para muchos fines diferentes (IA de uso general) y en las que la tecnología de IA de uso general se integra posteriormente en otro sistema de alto riesgo. El acuerdo provisional también aborda los casos específicos de los sistemas de IA de uso general (GPAI).

También se han acordado reglas específicas para los modelos básicos, grandes sistemas capaces de realizar de manera competente una amplia gama de tareas distintivas, como generar video, texto, imágenes, conversar en lenguaje lateral, computación o generar código informático. El acuerdo provisional establece que los modelos de cimentación deben cumplir obligaciones específicas de transparencia antes de su introducción en el mercado. Se introdujo un régimen más estricto para los modelos de cimentación de «alto impacto». Se trata de modelos básicos entrenados con gran cantidad de datos y con complejidad, capacidades y rendimiento avanzados muy por encima de la media, que pueden diseminar riesgos sistémicos a lo largo de la cadena de valor.

Una nueva gobernanza

A raíz de las nuevas normas sobre los modelos de IAAP y de la evidente necesidad de su aplicación a escala de la UE, se crea una Oficina de IA dentro de la Comisión encargada de supervisar estos modelos de IA más avanzados, contribuir a fomentar las normas y las prácticas de ensayo, y hacer cumplir las normas comunes en todos los Estados miembros. Un panel científico de expertos independientes asesorará a la Oficina de IA sobre los modelos de GPAI, contribuyendo al desarrollo de metodologías para evaluar las capacidades de los modelos de cimentación, asesorando sobre la designación y la aparición de modelos de cimentación de alto impacto, y monitoreando los posibles riesgos de seguridad de materiales relacionados con los modelos de cimentación.

El Consejo de Inteligencia Artificial, que estará compuesto por representantes de los Estados miembros, seguirá siendo una plataforma de coordinación y un órgano consultivo de la Comisión y otorgará un papel importante a los Estados miembros en la aplicación del Reglamento, incluido el diseño de códigos de buenas prácticas para los modelos de fundación. Por último, se creará un foro consultivo para las partes interesadas, como representantes de la industria, las pymes, las empresas emergentes, la sociedad civil y el mundo académico, con el fin de proporcionar conocimientos técnicos al Consejo de IA.

Transparencia y protección de los derechos fundamentales

El acuerdo provisional prevé una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales antes de que sus implementadores introduzcan en el mercado un sistema de IA de alto riesgo. El acuerdo provisional también prevé una mayor transparencia en relación con el uso de sistemas de IA de alto riesgo. En particular, se han modificado algunas disposiciones de la propuesta de la Comisión para indicar que determinados usuarios de un sistema de IA de alto riesgo que sean entidades públicas también estarán obligados a registrarse en la base de datos de la UE para los sistemas de IA de alto riesgo. Además, las nuevas disposiciones añadidas hacen hincapié en la obligación de los usuarios de un sistema de reconocimiento de emociones de informar a las personas físicas cuando estén expuestas a dicho sistema.

Entrada en vigor

El acuerdo provisional establece que la ley de IA debe aplicarse dos años después de su entrada en vigor, con algunas excepciones para disposiciones específicas.