Viviendas de barro y amenaza a la inversión

Viviendas de barro y amenaza a la inversión, es un artículo de José María Triper, periodista económico y colaborador de Moneda Única.

Dice la sabiduría popular aquello de prometer, prometer hasta meter, y una vez metido se olvidó lo prometido. Un aforismo que cuadra notoriamente con la figura, la trayectoria y la personalidad de Pedro Sánchez, y que se manifiesta de nuevo ahora con ese milagro de la multiplicación de los panes y los pisos como acertadamente definió Alberto Núñez Feijóo en el Senado.

Una multiplicación de pisos, que de panes habla poco y hace menos, que ofrece ahora sin un proyecto viable y que empezó con las 50.000 viviendas del SAREB que, al final, se han quedado sólo en 9.000 y siendo generosos. Porque, además de ser un plagio, otro más, de la idea inicial del exministro José Luis Ábalos, que Sánchez y el PSOE rechazaron sólo hace tres meses por perjudicial e inadecuada, resulta que, de las 50.000 viviendas prometidas, prácticamente ninguna está en zonas tensionadas, 15.000 no están construidas, otras 14.000 ya están habitadas, y las que quedan muchas son inalquilables por su ubicación o situación de deterioro.

Y algo parecido ocurre con las 43.000 de suelo público que están en terrenos no identificados y con las últimas 20.000 en terrenos del Ministerio de Defensa, -copia del plan fallido de Rodríguez Zapatero en 2005- que los terrenos en los que se ubicarán dichas viviendas sí están identificados, pero no se ha materializado el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el departamento que dirige Margarita Robles para la compra. Paso previo para que la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) pueda disponer de ellos. 

Pero este es Sánchez en estado puro. El mismo Sánchez que desde que está en el gobierno ha prometido 213.000 viviendas, aunque todavía no ha entregado ni una sola llave, y que en ese mismo debate del Senado utilizaba el término peripatético como superlativo de patético cuando se trata de un vocablo aplicable a aquél que sigue la filosofía o la doctrina de Aristóteles que él ni entiende ni conoce.

Y qué decir de esa Ley de Vivienda, de la que se acuerda ahora, en vísperas electorales, cuando lleva tres años durmiendo el sueño de los olvidados. Una ley intervencionista, que supone un atentado al derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución, que protege y fomenta a los okupas y que recuerda mucho a la Ley de Arrendamientos Urbanos del franquismo. Y una ley que no sólo puede destruir el mercado del alquiler sino el sector de la construcción en su totalidad, además de que se olvida y ni siquiera menciona el gravísimo problema de la ocupación.

Pero, además, se trata de una legislación que rompe el pacto que el Gobierno asumió con la Comisión Europea para recibir los fondos europeos, en el que se comprometió a «impedir que se adopten medidas que puedan obstaculizar la oferta de vivienda a medio plazo» y que crea una tremenda inseguridad jurídica amenazando gravemente las inversiones extranjeras en España.

Es sabido y demostrado que topar el mercado del alquiler solo va a generar una caída de la oferta y un encarecimiento de los precios como demuestran las experiencias de Nueva York, Berlín o Barcelona. O los resultados de la propia experiencia de este gobierno con la medida de limitar la subida de los alquileres al 2%, aprobada el pasado 1 de abril, y que un año después ha generado un descenso de la oferta del 17% y una subida del 8% en el precio de los alquileres. Exactamente el mismo efecto contrario a lo que se pretendía que el conseguido con la chapucera ley del ‘si es si’.

Y es cierto que el tope de los alquileres en áreas tensionadas favorece en un primer momento a los inquilinos que ya tienen vivienda, pero perjudica a todos los que están buscando el alquiler porque el propietario subirá el precio de salida sabiendo que no va a poder elevar el precio en relación al IPC, además de incrementar el precio en las zonas limítrofes a las afectadas por el tope.

Al mismo tiempo, y en lugar de liberar suelo público para aumentar el parque de viviendas como recomiendan la sensatez y los expertos, la propuesta incluida en esta ley por la que se obliga a los promotores a ceder el 20% del suelo a construir para vivienda pública amenaza con generar un caída de la actividad con el consiguiente impacto negativo sobre el crecimiento de la economía y el empleo. Todo ello sin contar que las políticas de vivienda son competencia de las autonomías.

Cómo reza la canción de Celtas Cortos, “cuéntame un cuento y verás que contento”. Porque, aunque parezca mentira y, a pesar de los precedentes, todavía hay quien se lo cree.