Urge acelerar la ejecución de los fondos europeos

En 2021 se publicaron en torno a 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por valor de 9.300 millones de euros, un 48% de los fondos recibidos y un 38% de los incluidos en los PGE 2021, si bien en su mayoría los fondos europeos todavía no han sido desembolsados a las empresas.

El último dato publicado por el Gobierno, en agosto, señalaba que solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas y entidades que no son Sector Público, de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos en esa fecha (el 2%).

Los plazos de presentación de proyectos, que en algunos casos no superan los 10 días, así como el porcentaje medio de cofinanciación, que se sitúa en el 30%, constituyen dos de las principales barreras para las empresas en su acceso a los fondos europeos, especialmente para pymes y autónomos.

CEOE ha presentado el primer Informe de seguimiento de la ejecución en España de los fondos Next Generation EU, que actualizará de manera periódica y que, en palabras del secretario general, José Alberto González-Ruiz, tiene como objetivo fundamental “contribuir a mejorar y acelerar la ejecución de los fondos europeos y, en consecuencia, a maximizar su impacto en nuestro país”.

El contenido del informe, elaborado desde la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, incluye, por un lado, una radiografía desde la óptica empresarial de la ejecución de las reformas e inversiones durante 2021 recogidas en el Plan España Puede; en segundo lugar, una visión comparada de la ejecución de los fondos en otros países europeos (en esta edición, Francia, Italia y Portugal); y, finalmente, un abanico de propuestas de mejora dirigidas al Gobierno para hacer más eficaz y ágil la ejecución y llegada de los fondos a todo el tejido productivo (grandes empresas, pymes y autónomos).

De manera específica, el documento pone el foco en las inversiones, mediante el análisis del avance de su ejecución a través de convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos puestas en marcha hasta el 31 de diciembre.

Así, es destacable que España recibió en verano los primeros 9.000 millones de prefinanciación y la última semana del año la Comisión transfirió el primer desembolso (10.000 millones). Sin embargo, estos recursos no llegaron en 2021 al mismo ritmo a la economía real: se publicaron alrededor de 120 convocatorias de subvenciones financiadas con cargo a Next Generation, por valor de 7.300 millones de euros; y en torno a 270 licitaciones de contratos públicos (con un peso protagonista de la Administación General del Estado) con cargo a los fondos Next Generation, por valor de 2.000 millones de euros. En total, 9.300 millones de euros, un 48% de los fondos recibidos y un 38% de los incluidos en los Presupuestos Generales del Estado 2021.

Llama especialmente la atención que del presupuesto total dedicado a convocatorias, apenas 1.000 millones de euros habrían sido lanzadas por las CCAA (en torno a un 14% del total). Estas cifran chocan con la tendencia vista hasta la fecha con el presupuesto ordinario repartido en el Estado, en el que normalmente en torno al 63% del presupuesto global se ejecuta por las autonomías y un 30% por la Administración General del Estado, dejando a las entidades locales el 7%.

Adicionalmente, el grueso de estas ayudas gestionadas por las CCAA se ha diseñado y aprobado desde el ámbito estatal, lo que reduce la capacidad de adaptar las convocatorias a la realidad de cada territorio.

Desembolso de fondos europeos a las empresas

Además, en relación con el importe de fondos que ya ha llegado a las empresas, el último dato disponible (de agosto, ya que en septiembre, octubre y noviembre se ha eliminado dicha información en el de “Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, que mensualmente publica la Intervención General de la Administración del Estado) situaba dicha cifra en solo el 2%: 104 millones del total de casi 5.000 millones comprometidos a dicha fecha.

Es importante tener presente que, sobre todo en los territorios con un número reducido de empresas tractoras multinacionales, el retraso en la publicación de convocatorias supone un riesgo creciente de deslocalización de inversiones hacia otros países que son más rápidos en la ejecución.

Por otro lado, contar con plazos amplios de presentación de proyectos constituye una de las principales necesidades de las empresas, especialmente pymes y autónomos, para facilitar que puedan acceder a los fondos. En algunos casos, los plazos de presentación no han llegado a 10 días hábiles. Así, por ejemplo, la línea de ayudas para la iniciativa Industria Conectada 4.0/ACTIVA Financiación, lanzada en agosto por la Secretaría General de Industria y PYME, solo concedió ocho días hábiles de presentación, lo que ha supuesto que el porcentaje de ejecución haya sido únicamente del 10,4%: 9,9 del total de 95 millones.

Asimismo, el porcentaje medio de cofinanciación de las convocatorias de subvenciones es del 30%, pudiendo incrementarse sensiblemente en el caso de pymes y autónomos y en función de la naturaleza del proyecto (I+D+I o medio ambiente).

Funcionamiento en otros países

Respecto de la comparativa internacional, es destacable que en Portugal el importe de las convocatorias de ayudas asciende a 3.258 millones de euros, lo que supone un 25% del total de subvenciones asignado al país vecino (en España este porcentaje se sitúa en el 10%). El Gobierno de Francia, a través de la Inspección General de Finanzas, ha creado un comité de evaluación, con presencia de múltiples agentes, que emite un informe periódico de seguimiento con información detallada sobre ejecución real de fondos. Por su parte, en Italia el Gobierno ha puesto en marcha un refuerzo coyuntural de las plantillas del Sector Público para dotar de una mayor agilidad a la tramitación de los proyectos (mientras en España no se identifica una aplicación significativa de las disposiciones del Real Decreto-ley 36/2020 en relación al refuerzo de plantilla y a los incentivos para los empleados públicos).

Finalmente, el documento recoge distintas recomendaciones dirigidas al Sector Público para una mejor ejecución de los fondos. Entre ellas destacan, por ejemplo, fortalecer el equilibrio entre grandes proyectos tractores y convocatorias para pymes y autónomos; impulsar convocatorias menos atomizadas y con plazos más amplios; desbloquear la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020 para agilizar y mejorar los procedimientos de ejecución existentes; reforzar las estructuras de gestión para asegurar un análisis eficiente y adecuado de la viabilidad de los proyectos; e implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas.