Jorge García Castaño

Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Delegado del Área de Economía y Hacienda y Concejal Presidente de la Junta Municipal de Centro.

“Olvidémonos del color político y pensemos exclusivamente en cómo mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”

¿Qué balance hace de la última legislatura del Ayuntamiento de Madrid en el área que usted dirige?

Sin duda, muy positivo. Cuando se hace balance de la gestión económica de un equipo de gobierno hay que dejar atrás prejuicios y atender a los datos objetivos que se resumen en lo siguiente: hemos reducido la deuda un 54%, hemos duplicado la inversión, hemos aumentado un 58% la ejecución de gasto social (el aumento es del 73% si consideramos lo presupuestado para 2019), hemos cerrado 2018 con un superávit superior a los 1.000 millones de euros y no hemos subido los impuestos. Aún hay muchas cosas que mejorar pero hemos demostrado que las fuerzas progresistas sabemos gestionar el dinero público con mucha más eficiencia que la derecha, los números lo dicen de forma incontestable. Si alguien no me cree, le invito a que compare estos datos con los de la Comunidad de Madrid que gobierna el PP y Cs.

¿Qué aspectos destacaría como éxitos de esta legislatura y cuáles siguen siendo los retos económicos de Madrid? ¿y desde el punto de vista fiscal, el de los impuestos, cuáles serían los hitos de esta legislatura?

Los principales indicadores señalan que la economía madrileña está en una situación mucho mejor que la que existía cuando asumimos el gobierno del Ayuntamiento. En este sentido, se constata que se ha creado un entorno económico dinámico y estable, que ha generado un clima de confianza empresarial favorable a la creación de 14.506 sociedades en el último año, un 7,7% más que en 2017. Buena prueba de la robustez de nuestra economía es el crecimiento asentado del PIB de la ciudad en torno al 3%, unido al aumento de población en 80.000 personas durante los últimos tres años, invirtiendo la tendencia de los años anteriores.

Todo ello ha permitido activar la creación de empleo alcanzando en diciembre de 2018 la cifra de afiliación a la Seguridad Social más alta de la serie histórica (1.994.578 personas afiliadas). En los tres últimos se han creado 191.894 puestos de trabajo. Hace pocos días conocíamos los datos de paro registrado en la ciudad de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que mostraban una caída del paro registrado en la ciudad de Madrid del 7,7% en enero de 2019 respecto al mismo mes del año pasado, la cifra más baja de un mes de enero de los últimos once años. La tasa de paro en la ciudad de Madrid se sitúa en el 11,4% de la población activa, tres puntos por debajo del conjunto de España (14,4%). En los tres últimos años la tasa de paro se ha reducido en cinco puntos.

Ante estos datos tan contundentes, se pone de manifiesto lo equivocados que estaban aquellos que, cuando Manuela Carmena se convirtió en alcaldesa, preconizaban grandes catástrofes en nuestra ciudad. Estos cuatro años han puesto a cada uno en su lugar.

En cuanto a la política fiscal, se ha articulado en torno a dos ejes: lograr que los contribuyentes aporten en función de su capacidad económica real; e introducir criterios medioambientales en nuestros tributos, lo que llamamos “fiscalidad verde”. En relación a lo primero, en 2015 se decidió la bajada del tipo impositivo del IBI, que es lo único que podemos decidir nosotros. Es cierto que esta bajada no se ha notado en buena parte de los recibos porque, como consecuencia de la revisión catastral que entró en vigor en 2012 (siendo alcalde Alberto Ruiz-Gallardón), el valor de los inmuebles sube paulatinamente hasta 2021. Pero, reitero, eso no lo hemos decidido nosotros sino la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.

En cuanto al segundo eje, entre otras medidas, hemos aprobado beneficios fiscales muy atractivos en el IBI y en el ICIO para la instalación de paneles fotovoltaicos; hemos creado nuevas bonificaciones en el IVTM para impulsar la renovación de los vehículos más contaminantes y hemos introducido un nuevo incentivo fiscal en el IAE para aquellas empresas que sufraguen el abono transporte de sus trabajadores. A nadie sensato se le escapa que la transición ecológica es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar, de ahí que hayamos alineado nuestra política fiscal con los ambiciosos objetivos que el Ayuntamiento tiene en esta materia.

¿Cómo calificaría la experiencia de los presupuestos participativos?

Los presupuestos participativos empezaron a funcionar por primera vez en Madrid en 2015, cuando llegamos al gobierno. Son uno de los procesos que se llevan a cabo en plataforma “Decide Madrid”, que no solo ha implantado la participación ciudadana en nuestra ciudad, sino que la ha llevado a más de 100 instituciones de 35 países del mundo que han decido usar esta misma plataforma.

Somos el gobierno que reserva más presupuesto municipal a las ideas que plantea y vota la ciudadanía, 100 millones de euros al año. Junto con París no hay ningún otro gobierno del mundo, ni siquiera a nivel nacional, que destine más dinero a sus presupuestos participativos.
Como todo nuevo proceso, ha afrontado dificultades y se ha desarrollado de forma paulatina, pero la realidad es que, de media, cada semana hemos visto un proyecto finalizado y hoy ya son 328 los proyectos en marcha, entre finalizados, en ejecución y en tramitación. Además cada año se supera el récord de participación del año anterior. Así que podemos estar muy contentos, no solo de que la gente de Madrid se esté implicando tanto para cambiar su ciudad, sino de que Madrid esté exportando democracia a todo el mundo.

Ustedes han tenido que gobernar con las cuentas intervenidas por Montoro. ¿Cómo se ejecutan unos presupuestos con las cuentas intervenidas?

Es importante aclarar que, a diferencia de lo que ocurrió en el anterior mandato del Partido Popular, la intervención del Ministerio de Hacienda no ha sido como consecuencia de incumplir la estabilidad presupuestaria (2010 se cerró con un déficit superior a los 754 millones de euros), sino por haber incumplido la regla de gasto, que es una limitación al incremento del gasto no financiero de la Administración. Es un disparate jurídico y económico, y así lo entienden unánimemente los especialistas, que a Madrid, que en los últimos años ha presentado un superávit recurrente superior a los 1.000 millones de euros, solo se le permita aumentar su gasto poco más de un 2%. Desde la AIReF, así como desde otras instancias, se clama una y otra vez acerca del error económico que supone que las entidades locales guarden aproximadamente 30.000 millones de euros en depósitos. Es un auténtico dislate que se intentó remediar con una proposición de ley presentada en octubre en el Congreso pero que no ha podido ser tramitada a causa de que la Mesa, controlada por el PP y Ciudadanos, ha prorrogado ¡en doce ocasiones! el plazo para la presentación de enmiendas, lo que supone un caso de filibusterismo de manual. En realidad, la explicación a que el PP y Ciudadanos se opongan a modificar la regla de gasto es bastante clara: no gobiernan en ninguno de los cinco grandes municipios españoles y utilizan esta norma como ariete contra el progreso y el desarrollo de las grandes ciudades. Tras las elecciones municipales.

¿Qué nuevas políticas económicas implantarán en Madrid si gana su partido?

Queremos seguir profundizando en lo que hemos realizado en los últimos cuatro años, en los que la ciudad de Madrid ha sufrido una importante transformación socioeconómica, apostando por un crecimiento que, aparte de generar riqueza, se convierta en vector de desarrollo inclusivo y sostenible. Un crecimiento inteligente, fruto de unas políticas públicas de promoción económica que fomenten en todo momento la innovación y la atracción de talento, el impacto social y la solidaridad, y todo ello desde un enfoque transversal de sostenibilidad ambiental e igualdad de género. Unas políticas que ponen en el centro de la ecuación a las personas y al planeta, y que han contribuido a generar oportunidades económicas y crear empleo de calidad, recuperar el crecimiento de la población y fomentar la cohesión social en la ciudad. En definitiva, políticas económicas que apuesten por un crecimiento que, lejos de favorecer exclusivamente a unos pocos, alcance a todos, estrechando así las diferencias entre personas y territorios.

¿La inversión en políticas sociales, en iniciativas culturales o en ecología da beneficios económicos? ¿es compatible con unos presupuestos realistas para la ciudad de Madrid?

Esta pregunta es muy interesante porque nos permite reflexionar acerca de lo que entendemos por “beneficios económicos”. Son muchos los economistas, y de distinto signo, que han puesto de manifiesto la insuficiencia de los habituales datos macroeconómicos para medir el bienestar de una sociedad. Esto es, el crecimiento del PIB parece un dato bueno en sí mismo. Sin embargo, resulta claramente insuficiente si no se atiende también a cómo se ha distribuido ese aumento de la riqueza. En este sentido, es esencial tener en cuenta no solo los habituales indicadores económicos –que innegablemente tienen su valor– sino que también hemos de atender a otros indicadores que se refieran al bienestar social de la ciudadanía.

Por otro lado, las inversiones en políticas sociales y en la transición ecológica, sin duda tienen un impacto directo en la generación de oportunidades económicas en nuestra ciudad. Desde que llegó al Ayuntamiento, Manuela Carmena ha asumido casi como un reto personal poner todos los medios posibles para atender a las personas viviendo en soledad, una situación que a menudo está asociada al envejecimiento progresivo que sufre nuestra sociedad. Es evidente que se requiere de políticas públicas que fomenten la llamada economía de los cuidados, incorporando nuevas soluciones innovadoras a la prestación de estos servicios a la ciudadanía. Y esto, sin duda, repercute en la generación de nuevos puestos de trabajo y en la reincorporación de la mujer (prestadoras habituales de estos cuidados sin percibir remuneración alguna) al mercado laboral.
En cuanto a la transición ecológica, resulta urgente transformar nuestro modelo económico aprovechando las oportunidades que nos brindan la Agenda de París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Debemos impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías en renovables y eficiencia energética y apoyar al conjunto del sector, lo que redundará sin duda en la generación de empleo verde en torno a la transición ecológica y en un crecimiento económico más innovador, inclusivo y sostenible.

En este sentido, acabamos de publicar un concurso para invertir en iniciativas de impacto social y medioambiental positivo en la ciudad de Madrid, con el objetivo de impulsar un tejido empresarial comprometido capaz de proponer soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles que den respuesta a los retos que en materia social y medioambiental se enfrenta nuestra ciudad.

¿Qué es lo más difícil de gestionar, desde el punto de vista económico, en Madrid? ¿por qué?

El gran problema que tiene la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid tiene que ver con el abismo que media entre su realidad financiera y su régimen jurídico. Me explico, Madrid gestiona un presupuesto de unos 5.000 millones de euros. Concentra el 50% de la población de la región. El número de empleados municipales supera las 26.000 personas. Son cifras superiores a las de varias comunidades autónomas. Sin embargo, la ley nos trata como si fuéramos una entidad local más.

Tenemos una carencia manifiesta de competencias para cuestiones de las que, en los hechos, ya nos encargamos nosotros. Por ejemplo, ante la total inacción de la Comunidad de Madrid, hemos puesto en funcionamiento 13 escuelas infantiles nuevas. Frente a la desidia gubernamental, atendemos con nuestros propios medios cada día a los refugiados que llegan a nuestra ciudad. Como dice la alcaldesa, no es nuestra competencia pero sí nuestra incumbencia. Tenemos muchas excusas legales y financieras para desentendernos de muchos de estos problemas pero moralmente no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de nuestras vecinas y vecinos, especialmente de los más vulnerables. Es incomprensible que no tengamos más competencias en materia de servicios sociales, de vivienda o de transportes. De verdad, olvidémonos por un momento del color político de cada cual y pensemos exclusivamente en cómo mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Si nos centramos en eso, la conclusión será –sin ningún género de duda- que hay que dotar a la ciudad de Madrid de un mayor ámbito competencial y de una mayor autonomía financiera.