La Ley de Emprendedores tiene luz verde

Beneficiará a 1,3 millones de autónomos y más de 1 millón de pymes y retrasará la deducción del IVA soportado en adquisiciones hasta el momento en que se efectúe el pago; también reducirá 2.000 millones la recaudación del Estado.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, que incluye una serie de medidas que podrán beneficiar a casi 1,3 millones de autónomos y más de 1 millón de pymes, siempre que no estén no sujetos al sistema de módulos y cuenten con un volumen de negocios inferior a los 2 millones de euros. Para evitar incentivos al retraso de obligaciones de pago, se retardará también la deducción del IVA soportado en adquisiciones hasta el momento en que se efectúe el pago.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que esta nueva Ley pretende “dar facilidades para la creación de empresas”; también ha señalado que el texto que envían al Congreso de los Diputados tiene una significativa variación en esta ocasión, ampliando de 200.000 a 400.000 el límite de recursos propios de las empresas en las que inviertan los ‘business angels’ para poder optar a la deducción en el IRPF.

El anteproyecto contempla otros incentivos fiscales, como la deducción del 10% del Impuesto de Sociedades por reinversión de beneficios a empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones. Esta medida beneficiará a unas 200.000 personas físicas y 185.000 pequeñas empresas. Asimismo, se amplía la deducción por actividades de investigación y desarrollo a todas las empresas y se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina límite máximo.

La ley introduce también una nueva deducción por la que los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación se beneficiarán de una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 20.000 euros al año. Además, quedarán eximidas fiscalmente las plusvalías generadas siempre que se reinviertan en otras empresa de nueva creación.

El conjunto de las medidas fiscales mermarán la recaudación del Estado en 2.000 millones. La cifra resulta de sumar el impacto de este nuevo régimen de IVA (983 millones menos en 2014), el de los cambios en la deducción por reinversión de beneficios (624 millones menos en 2014) y el de los cambios en los incentivos fiscales a la I+D (427 millones menos en 2015).

Por otro lado y para favorecer la llegada de inversión y talento a España, el Gobierno facilitará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión económica significativa, extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral y profesionales altamente cualificado.

Creación y trámites administrativos

Por otro lado, se fomenta el espíritu emprendedor a lo largo de toda la vida educativa, la internacionacialización y se abarata el coste inicial de constituir una sociedad con la creación de la figura de sociedad limitada de formación. Esta figura permitirá la creación de empresas con un capital inferior a los 3.000 euros con un régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada.

Para agilizar la creación de empresas se crean los puntos de atención al emprendedor, que serán ventanillas únicas a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial. El Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo prestará la totalidad de los servicios previstos en la Ley.

Con el objetivo de facilitar la segunda oportunidad, se crea un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios similar a los existentes en otros países. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta tres años.

Además,  se eliminan los obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Además, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios. En particular, en los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros y en 80.000 euros para los contratos de servicios.

Por último, se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa. Y para luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una pyme.