Antoni Cañete

Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

“Una de cada tres empresas que ha cerrado lo ha hecho por culpa de la morosidad”

Acaba de ser elegido presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), aunque ha sido desde siempre uno de los promotores y máximos dirigentes de esta organización que, como él mismo dice, trabaja por “una causa justa y necesaria en nuestro país”. Todavía joven, no ha cumplido los cincuenta, ingeniero industrial y profesor titular de ciclos formativos de Grado Medio y Superior en excedencia, Antoni Cañete es también secretario general de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña  (PIMEC) y colaborador en el desarrollo de consorcios internacionales del ICEX en sus programas de ayuda a las pymes. Con una amplia y exitosa trayectoria profesional, destaca sobre todo por su cordialidad, su claridad de ideas y un entusiasmo que contagia al interlocutor.

Después de dos años de entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad parece que seguimos igual y que no ha servido para nada.

Ocurre que nos estamos encontrando con grupos de interés que intentan hacer popular que la Ley no sirve para nada. Nosotros aquí queremos hacer una bandera muy importante y poner las cosas en su sitio. Nosotros teníamos una Ley que fue traspuesta tarde y mal en la que se introdujo el pacto entre las partes que producía una situación de dominio en la que el cliente marcaba al proveedor las condiciones de pago. Eso permitía que, por ejemplo, pagar a cuatrocientos días era legal. Sin embargo la Ley de 2010 produce dos efectos fundamentales. Primero rompe el concepto del pacto entre las partes y marca unos periodos de cobro. Por eso la Ley de Morosidad es tan importante. Se continúa pagando fuera de los plazos de pago, sí, pero el que lo hace lo está haciendo de forma ilegal.

Pero, aunque sea ilegal, el efecto final es el mismo, porque la ley se incumple, incluso por las propias administraciones, y no pasa nada.

La Ley de 2010 es necesaria, otra cosa es que sea suficiente y no lo es. Por eso, desde la plataforma pedimos que se pongan mecanismos que puedan permitir su cumplimiento.

Otra cosa es también que no estemos utilizando algunos mecanismos que nos posibilita la Ley. Por ejemplo, en el ámbito público, antes para poder solicitar una deuda a la Administración tu tenías que hacer una reclamación y luego irte a un contencioso-administrativo y seguir un proceso que duraba dos años. Hoy puedes entrar en un proceso en el que en un mes estás dentro del contencioso-administrativo y puedes solicitar al juez que haya un embargo por la deuda que tienes de la Administración. El problema hoy es que sigue existiendo la cultura de la morosidad en los pagos y se mantiene la posición de dominio.

Probablemente la causa de esta situación es que ley carece de un código sancionador.

Hemos denunciado ya que las empresas del IBEX están pagando a 215 días. Empresas auditadas y que deberían cumplir la ley. Es decir, empresas que están cometiendo un delito. Por eso, lo que pedimos que en esta Ley se debe aplicar un régimen sancionador. Pedimos que se pongan medidas extrajudiciales para poder solicitar el cobro y hemos puesto como ejemplo el modelo francés, la mise en demeure, que es simplemente una carta certificada que cuando a ti, como proveedor, no te paga tu cliente, envías y con ella tienes un documento que tiene una condición jurídica para poder reclamar este pago. Son medidas extrajudiciales las que reclamamos, y entre ellas otro elemento fundamental son los tribunales de comercio, que hacen que sean los propios empresarios quienes sentencian sobre el posible incumplimiento.

Y en un país con seis millones de parados ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar y cuántos trabajadores se han quedado sin empleo por culpa de la morosidad?

Con los datos que manejamos y que son también los que maneja el Gobierno podemos decir  que una de cada tres empresas que ha cerrado lo ha hecho por culpa de la morosidad directa o indirectamente. Por eso cuando constituimos la plataforma y se lo explicamos a los sindicatos estuvieron prácticamente de acuerdo con nosotros.

La entrada en vigor de la directiva comunitaria, el 16 de marzo, ¿va a solucionar el problema?

Si alguien piensa que esto lo vamos a solucionar con una Ley, con una barita mágica y de hoy para mañana, se equivoca. La directiva europea es una oportunidad enorme para corregir los fallos legislativos que todavía tenemos, porque visto desde Europa la morosidad es un problema de los países del sur y, como dijo el director de la Organización Mundial del Comercio, es el caldo de cultivo de la corrupción, un problema grave que lastra a los países y a las empresas desde el punto de vista de la competitividad. Pero, sobre todo, la directiva europea va a ser muy importante porque marca una obligación a las administraciones de que deben pagar en un plazo de 30 días, y es obligatorio. Y si no pagan las administraciones pagará Hacienda y les descontará. Y desde la Plataforma vamos a denunciar ante la UE si no se cumple.

¿Son las administraciones públicas las principales culpables del lastre de la morosidad en España?

A mi me entristece cuando veo a muchas organizaciones de nuestro país que solo se preocupan de las deuda en el ámbito de lo público. El problema de la morosidad es un problema de todos. Sin duda las administraciones son las grandes contratadoras del país y las que inician la cadena de pago. Por eso su importancia es trascendental. Por eso y porque muchas veces sirven como excusa para que no paguen los particulares. Ahora, queremos que con la misma contundencia y exigencia el sector privado actúe en la misma consecuencia.

Sin embargo, en el sector privado, las grandes empresas, las que contratan siempre van a tener esa posición de dominio.

Por eso, una de las propuestas que vamos a hacer al Gobierno es que este país tenga un Observatorio de la Morosidad. Es una necesidad saber realmente como se paga en este país, porque estamos navegando sin GPS.

El Plan de Pago a Proveedores, ¿ha sido realmente tan beneficioso como presume el ministro de Hacienda?

Cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha las líneas ICO para pagar a los ayuntamientos ya dijimos que no iba a funcionar porque estaban mal diseñadas. Por eso cuando llegó el gobierno del Partido Popular y diseñó el Plan de Pago Proveedores ya les dijimos que iba a funcionar, primero porque se da la garantía del Tesoro, segundo porque lo van a pagar las entidades financieras y no lo va a pagar el ayuntamiento sino que se les descuenta directamente. Se han pagado 27.000 millones y eso demuestra que cuando se quiere pagar y se ponen mecanismos para ello se pagan. Tenemos un pero y se lo hemos vuelto a recordar al Gobierno, que es que se ha pagado a una primera línea de deuda que había por parte de la Administración, pero con la subcontratación no hemos llegado al final de la cadena. Porque con el tema de la morosidad no podemos actuar de forma aislada y por eso hago un llamamiento a la sociedad civil para que, de alguna forma participe activamente en una causa justa y necesaria en nuestro país, para que seamos competitivos.