Un visado para los emprendedores

Iñaki Ortega Cachón
Doctor en economía

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Recientemente hemos conocido que el Gobierno estudia una reforma de la ley de Extranjería con vistas a estimular la inversión inmobiliaria y reducir así el stock de viviendas vacías que todavía existe en nuestro país. El recurso a la  inmigración selectiva como un instrumento de política económica puede sonar muy novedoso en España, pero lo cierto es que constituye una tendencia que, poco a poco, se va abriendo paso entre los países más avanzados. Lo cual, además de venir motivado por la necesidad de medidas que estimulen el crecimiento, es coherente con el hecho de que en la era de la globalización y el cambio tecnológico el factor humano tiene una creciente importancia en la actividad productiva.

Es, precisamente, esta revalorización del individuo, basada sobre todo en su dimensión de fuente inagotable de  conocimiento y creatividad, la que hace que  ámbitos de actuación gubernamental, como la educación, la sanidad o la propia legislación inmigratoria, se hayan convertido en claves a la hora de influir en la prosperidad de un territorio.

La evolución de la estrategia de promoción de la iniciativa emprendedora ilustra muy bien cómo el foco de la actuación pública se ha  desplazado gradualmente desde la empresa creada a la persona que la crea. La aprobación de la ley Small Business Act en 1953 en los Estados Unidos marcó el comienzo de este proceso marcado por el cambio de escala en los motores del empleo y la competitividad en el mundo desarrollado, y que se ha traducido en un creciente protagonismo de la pequeña iniciativa empresarial  frente a la gran empresa.

Si bien ya desde finales de los noventa se podía identificar en la política comparada una actuación específicamente dirigida a elevar la natalidad empresarial, el nivel de intervención todavía se situaba en la organización. Los instrumentos, por tanto, continuaban siendo -con mayor grado de sofisticación, quizá- los mismos que se venían utilizando desde los años 50: mecanismos de financiación blanda, provisión de espacios de trabajo a precios competitivos, programas de formación en gestión empresarial, etc.

Sin embargo, a raíz de las últimas investigaciones que han revelado el carácter complejo del fenómeno emprendedor, ha quedado de manifiesto que un enfoque que no incida en el nivel individual y ambiental es claramente insuficiente. Algunos países pioneros en la creación de ecosistemas emprendedores están haciendo un esfuerzo considerable para coordinar esta actividad tradicional de promoción con la que se lleva a cabo desde otras instancias públicas o privadas que son susceptibles de influir en los niveles de emprendimiento.

La reducción de trámites, licencias y plazos para crear nuevos negocios es una actuación que se inscribe en este nuevo paradigma de la política de emprendedores y que se está extendiendo en todo el mundo desarrollado, incluido nuestro país, aunque conforme nos recuerda cada año el informe Doing Business no con mucho éxito.

Pero también se enmarcan en esta estrategia los cambios que introdujo el Reino Unido el año pasado en su legislación de extranjería a fin de favorecer la creación de startups de alto potencial. Y es que facilitar el establecimiento de emprendedores foráneos constituye un claro ejemplo de cómo una medida en principio ajena a la política empresarial pueden influir enormemente sobre ella.

Canadá hace dos meses anunció que creará también un nuevo visado para emprendedores, y en Estados Unidos la propuesta lleva ya varios meses debatiéndose en el Congreso. Así pues, merced a las novedades aportadas en el último estadio de esta política, la atracción de talento empresarial se va a convertir en un campo de batalla más para las naciones en la economía global, junto al comercio internacional, la inversión extranjera y el turismo.

La creación en nuestro país de una “visa” destinada a facilitar el establecimiento de emprendedores extranjeros, así como la contratación de talento internacional por las startups españolas, sin duda, favorecería la creación y expansión de “empresas gacela”, situando a España en buenas condiciones para competir por las mejores mentes con las naciones que ya han dado el paso y de paso el Gobierno respondería a una petición unánime de los emprendedores españoles más exitosos.

Comoquiera que sea, España necesita acelerar la transición hacia una “economía emprendedora” para volver a crecer y generar empleo neto, y por ello es fundamental que las administraciones sigan apostando por el apoyo a los emprendedores y las pymes  con un enfoque más amplio  y mejor coordinado de lo que se ha tenido hasta la fecha. En este sentido, un visado para los emprendedores al estilo anglosajón demostraría que más allá de la retórica vamos por el buen camino.

Iñaki Ortega Cachón
Doctor en economía