La UE se encuentra inmersa en la definición de su próximo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, una propuesta que podría convertirse en el mayor presupuesto de la historia comunitaria. La Comisión Europea plantea un volumen cercano a los 1,8 billones de euros para afrontar retos como la transición energética, el refuerzo de la defensa, la competitividad económica y las tensiones geopolíticas.
En este contexto, la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), junto con la red europea EPICENTER, ha presentado el estudio Marco Financiero Alternativo para la UE, en el que analiza el alcance del futuro presupuesto comunitario y sus implicaciones para los Estados miembros, entre ellos España.
La propuesta de Bruselas contempla partidas destacadas como 865.000 millones de euros para cohesión y desarrollo regional y otros 409.000 millones destinados a impulsar la competitividad europea. Según recoge el informe, el Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de que el gasto previsto supondría un incremento respecto al marco actual, elevando los techos presupuestarios comunitarios.
Uno de los aspectos que centra el debate es la creación de nuevas fuentes de ingresos para financiar el presupuesto europeo. Entre ellas figuran recursos vinculados al comercio de emisiones, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, los residuos electrónicos, una contribución corporativa europea y un gravamen relacionado con el tabaco. Según las estimaciones recogidas en el informe, estas medidas podrían aportar alrededor de 58.000 millones de euros adicionales al año a las arcas comunitarias.
El estudio pone especial atención en el caso español y recuerda que España es contribuyente neto al presupuesto ordinario de la Unión Europea desde 2014. Los autores señalan que las decisiones que se adopten en el próximo marco financiero influirán tanto en las aportaciones realizadas por los contribuyentes españoles como en el volumen y las condiciones de los fondos que regresan al país.
En este sentido, el informe plantea la necesidad de evaluar qué competencias y programas aportan un verdadero valor añadido a escala comunitaria y cuáles podrían gestionarse de forma más eficiente desde los propios Estados miembros.
Entre las áreas que el estudio considera prioritarias para la actuación europea figuran el fortalecimiento del mercado único, las infraestructuras transfronterizas, la política comercial común, la gestión de fronteras exteriores y la defensa, así como aquellos ámbitos en los que los desafíos trascienden claramente las capacidades nacionales.
La negociación del próximo presupuesto europeo se perfila así como uno de los principales debates económicos y políticos de los próximos años, con implicaciones directas para la competitividad de la Unión y para la capacidad de actuación de los Estados miembros en un contexto de creciente presión sobre las finanzas públicas.
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