La amenaza fiscal expulsa la inversión

Artículo «La amenaza fiscal expulsa la inversión» de José María Triper para Moneda Única 

Siempre me ha llamado la atención esa obsesión insana que tienen todos los totalitarismos por expoliar fiscalmente a los ciudadanos a los que avasallan para manejar, en función de sus prejuicios, intereses y lucro personal los dineros ajenos, que ellos no ganan pero usurpan, vulnerando los principios democráticos constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad.

Y en cumplimiento de esta obstinación despótica y empobrecedora el gobierno del sanchismo se compromete en Bruselas a convertir en permanente el impuesto a la banca y a las energéticas, que se puso en marcha de manera temporal, se convierta en permanente, obviando que, como se explica en los manuales más elementales de economía, cuando un gobierno sube los impuestos para pagar el aumento desmesurado del gasto público expulsa la inversión y empobrece el país.

Decisión que genera inseguridad jurídica entre los inversores y que ya ha provocado la fuga de inversiones de Repsol que deja en el aire el futuro de sus cinco refinerías en España al congelar 1.500 millones de inversión por el impuestazo y no garantiza ningún proyecto verde en España tras llevar un primer electrolizador a Portugal. Y no serán los únicos porque como advierte el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, el populismo fiscal compromete el futuro de la industria en España.

En la misma línea la patronal catalana Foment del Treball alerta de que este golpe fiscal se convierte en un elemento desestabilizador entre los territorios y la libre competencia y resta competitividad a la industria local frente a operadores que producen fuera de España o importan a la Unión Europea.

Añadido a esto, la estrambótica ministra Yolanda Díaz, que lo es de Trabajo en el país que lidera el desempleo de la UE, pone ahora sus ojos de presa en la educación y en la sanidad privada para los que propone subir el IVA del 0% actual al 21% como si fueran artículos de lujo. Una propuesta que lejos de mejorar la calidad de estos servicios esenciales, sólo va a suponer perjuicios para los docentes, los escolares, los sanitarios y los pacientes deteriorando el servicio público y empeorando de la atención y las enseñanzas recibidas.

El desvío de la demanda educativa y sanitaria de los centros, consultas y hospitales privados por el consiguiente aumento de los precios que la mayoría de los usuarios actuales no van a poder pagar derivará en una sobrecarga del sistema público, además de un incremento del gasto en los servicios públicos que será equivalente, sino superior, a los ingresos que se puedan obtener por el asalto impositivo.

En definitiva, más gasto, más deuda y peores servicios, además de una contradicción e hipocresía porque los mayores usuarios de la sanidad y la educación privadas son precisamente los políticos de estos partidos de la izquierda de caviar que destierran la socialdemocracia y arruinan el estado de bienestar allí donde tienen alguna capacidad de desgobierno.

Yolanda Díaz, la de los cohetes y algoritmos, debería saber que en España “la sanidad privada es usada por más de 12 millones de españoles, más de la cuarta parte de la población, que disponen de un seguro o que se lo pagan de su bolsillo y que, por supuesto no son ricos en su inmensa mayoría, sino trabajadores y familias que gracias a sus políticas están cada día más empobrecidas.

Y, por si no fuera poco esto, la ministra de Trabajo quiere reducir de tres a un millón de euros el límite para los que están obligados a pagar el impuesto a las grandes fortunas, otro impuesto que se puso en marcha de manera temporal por la pandemia y que ya es permanente. Propone también crear un nuevo impuesto que llama de solidaridad a las grandes herencias, que afectaría a las personas que hereden más de un millón de euros excluida la vivienda habitual. También propone un nuevo tramo en el IRPF para rentas superiores a los 150.000 euros anuales y subir el IVA a los alquileres turísticos hasta el 21%.

Y mientras ella se dedica a pensar como seguir exprimiendo a los españoles el mercado de trabajo, que es el área de su competencia y del que debería ocuparse, sigue no sólo sin barrer sino cada día más contaminado, con 3.889.654 parados reales, es decir que no tienen ocupación o están desempleadas, que son 1.317.533 personas más que las que el gobierno reconoce en los datos del paro registrado. España sigue liderando el desempleo de la UE, duplicando la tasa de la Unión y también de la OCDE superando a Grecia y a Turquía. Este es el “progreso económico y social de España”, del que presumía la vicepresidenta y ministra de Hacienda durante su esperpéntica e insustancial, como es habitual en ella, intervención ante el Pleno del Congreso.