Voracidad fiscal, pobreza y competitividad

«Voracidad fiscal, pobreza y competitividad», nuevo artículo de opinión de José María Triper para Moneda Única 

Coincidiendo con los calores de julio el gobierno anunciaba a bombo y platillo y como ejemplo de su política social una rebaja del 21% al 10% en el IVA de la factura de la luz para mitigar la subida en el precio de la electricidad, que beneficiará a los consumidores domésticos pero no a las empresas.

Alivio fiscal que, sin embargo, y como nos tiene acostumbrado este gobierno tiene trampa y requiere una doble lectura. Porque lo que ocultan desde el Ejecutivo es que esta rebaja del IVA viene acompañada de una subida del 5% en el impuesto especial sobre la electricidad y otro aumento del 7% en el impuesto sobre la producción eléctrica. Así, lo que se pierde con el IVA se compensa con las otra figuras impositivas, con lo que el efecto sobre precio final a pagar por el consumidor será prácticamente nulo. Es decir, lo comido por lo servido, porque Hacienda nunca pierde.

Así lo indican los últimos datos oficiales que muestran como los ingresos tributarios se han disparado en los cinco primeros meses de este año con un crecimiento superior al 8%, que suponen 9.000 millones de euros extra hasta mayo y suponen nuevos máximos. Sólo en mayo la Agencia Tributaria reconoce unos ingresos fiscales de 12.268 millones de euros, cifra un 20% superior a la del mismo mes del año pasado, siendo España el país con el mayor esfuerzo fiscal de la Unión Europea, un 17,8%, superior a la media de la UE, y el que más ha subido la presión fiscal desde la pandemia.

Esto ocurre en un país donde el 26,9% de la población, más de 12 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Donde la pobreza infantil alcanza al 32% de los menores de 12 años, la renta disponible de los hogares se ha reducido un 4% desde 2008 y en el que la pobreza energética se ha más que duplicado desde 2018, año en que Pedro Sánchez ocupó la presidencia del Gobierno, con Teresa Ribera como vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica. De hecho, el porcentaje de población que no puede mantener su hogar en condiciones adecuadas de temperatura por su situación de pobreza ha pasado del 9,1% hace seis años al 20,8% en la actualidad.

Un país con 3,7 millones de parados reales, un millón más de los que contabilizan los datos maquillados del Gobierno. Cifra esta que resulta de añadir a los 2.766.910 desempleados que reconoce el Ministerio de Yolanda Díaz, los 205.843 trabajadores no ocupados que están realizando cursos de formación, los 355.796 con disposición limitada o demanda de empleo específico y los 11.147 trabajadores que estaban en un ERTE, que el gobierno no contabiliza. A los que hay que añadir a los demandantes de empleo con relación laboral, entre los que se incluyen a los fijos discontinuos inactivos, que no se desglosan por parte del SEPE y que en junio han aumentado en 83.969.

Son síntomas de dolencias importantes a las que se une la confirmación de que el último informe de la competitividad mundial, el World Competitiveness Ranking 2024 ha empeorado la posición de España hasta el puesto número 40, de un total de 67 economías analizadas. Esta posición sería la más baja en el ranking desde que se elabora, con la excepción de la posición 45 alcanzada en 2013. El ranking está liderado por Singapur, Suiza y Dinamarca.

Y un país con un gobierno que reparte el empleo ante su incapacidad para crearlo. Que se caracteriza por el “hostigamiento hacia la actividad empresarial”, cuando son las empresas las que crean empleo y riqueza, como ha denunciado la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, cuyo presidente Gerardo Cuerva se declaraba “harto y ninguneado” por un Ministerio de Trabajo que “pretende imponer sus trasnochadas tesis de control público de los medios de producción y de planificación económica, en la que la mayoría de los ciudadanos dependen directamente de los presupuestos del Estado”. Y un gobierno que presume de que la nómina del Ingreso Mínimo Vital llega ya a 625.382 hogares en los que viven 1.883.124 personas. Es decir de distribuir la pobreza generar empleo y riqueza cuando tener casi dos millones de personas subvencionadas sólo indica el fracaso de su política económica. Que lo entiendan, si es que se lo permiten el intelecto y la arrogancia.