Caza de Brujas

Nuevo artículo de opinión de José María Triper para Moneda Única en el que el analiza algunas acciones que pueden atentar contra el Estado de Derecho.

La tentación del poder de silenciar las voces críticas o contrarias a su gestión es un clásico de la pulsación totalitaria de muchos gobernantes, incluso en democracias. Y en estos momentos, aquí y ahora estamos asistiendo a una especie de reedición de la caza de brujas de McCarthy. Ese período de histeria colectiva en el que muchos ciudadanos inocentes sufrieron persecución por simples sospechas y que constituye uno de los períodos más negros de la histeria de los Estados Unidos en el Siglo XX.

Expresiones como “galaxia digital ultraderechista”, o “constelación de cabeceras ultraconservadoras” que figuran en la carta de falsa dimisión en diferido del propio presidente del Gobierno. Insultos como “jauría” en boca del ministro Bolaños, que lo es de Justicia y Presidencia. Desafueros como el del titular de Transportes, Oscar Puente, gastando 62.085 euros púbicos para vigilar y apuntar a los periodistas que le critican. Amenaza y señalamientos públicos a periodistas y a medios de comunicación que han sufrido o sufren el acoso del gobierno y de sus acólitos y seguidores. El despotismo de las ruedas de prensa sin preguntas. O la amenaza de desempolvar el anteproyecto de Ley de Información Clasificada de 2022, que no es sino una ley mordaza para los medios y profesionales de la comunicación independientes.
Muestras a las que se añade ahora la amenaza de ese paquete de medidas sobre una supuesta “regeneración democrática” anunciado por Sánchez para actuar sobre las informaciones injiriendo en la liberad de los medios que no le rinden pleitesía y su financiación, que no es más que una nueva ley mordaza para los medios de comunicación los y profesionales independientes.

En cualquier democracia donde rige la separación de poderes y se respeta el Estado de Derecho, los bulos o las falsedades se explican y se desmienten por los afectados y se dirimen en los tribunales de justicia y sólo en las dictaduras y en los populismos se amenaza, se silencia o se reprime, porque no son los gobiernos quienes tienen que señalar lo que es o no es verdad, sino la justicia. Y en el caso que nos ocupa en este país las informaciones que han dado lugar al esperpéntico sainete de la dimisión con freno y marcha atrás del jefe del gobierno, no han sido desmentidas ni explicadas.

Pero con ser todo esto grave, lo más preocupante para la sociedad en general y en especial para el futuro de la profesión es ver como personas que se autodenominan periodistas anteponen la ideología a la verdad y a la libertad, acusando y descalificando a compañeros y pidiendo, incluso, la intervención de los medios de comunicación que defienden la libertad y la independencia frente al servilismo. Recordar que el código deontológico del periodismo tiene como dogma fundamental el respeto a la verdad y en base a este principio un periodista militante estaría inhabilitado para ejercer la profesión.

Y junto a esta actitudes personales que denigran a la profesión, alarma el silencio o la tibieza de las asociaciones y organizaciones encargadas de defender el periodismo, a los periodistas y de velar por la deontología profesional. Tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la APM, como tampoco las empresas periodísticas han reaccionado en tiempo, forma y con la contundencia que requiere a los ataques y amenazas y a los abusos de poder.

Y, para completar el póker la espantada del “rey del drama”, como le ha calificado The Economist, – ha exacerbado más el frentismo y la división en la sociedad española que ha sido, y es, su única forma de entender y hacer política, ante su incapacidad para la gestión, además de suscitar un incremento exponencial de la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, que es lo que empieza a interpretarse de su discurso de continuidad. Un sermón victimista, sin autocrática, manipulando la verdad, en el que sólo habló de sus intereses personales y, para nada, de los intereses de España, ni de los problemas y preocupaciones de los españoles que ni le ocupan ni le afectan, una homilía manifiestamente peronista con llamadas a la movilización que abre serias dudas acerca de que la Justicia, la división de poderes, la libertad de prensa, el derecho a una información libre, veraz e independiente y, en definitiva, la democracia y el Estado de Derecho en España pueden estar en peligro de extinción.