España necesita que la industria sea una prioridad del Gobierno

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia) propone un nuevo modelo de gobernanza industrial para garantizar la autonomía estratégica de España, un crecimiento sólido y sostenible de la economía y la generación de empleo de calidad.

El peso de la industria en España

Ya hace nueve años que el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó ante el Parlamento la agenda de propuestas del ejecutivo comunitario, incluyendo el ambicioso objetivo de elevar la contribución de la industria al PIB hasta el 20%, tras años de pérdida de músculo productivo.

España, como el resto de economías europeas, asumió el mismo objetivo, pero, pese a ello, la tendencia no ha hecho sino evidenciar un descenso paulatino de peso específico. Nuestra industria dejó de aportar el 20% del PIB en 1997 y, desde entonces, su contribución se ha degradado para fluctuar entre el 14 y el 16% en la última década y apenas el 12% si consideramos exclusivamente la industria manufacturera.

A pesar del retroceso experimentado, la industria española sigue siendo el motor más sólido y resiliente de la economía española, como lo atestiguan sus efectos indirectos e inducidos. La industria supone hoy el 15,3% del PIB, genera prácticamente el 40% de la riqueza nacional, y sus 2,1 millones de empleos directos se elevan a 7 millones -el 35% de la población ocupada- al considerar la demanda laboral completa de su actividad. Es también responsable del 90% de las exportaciones, que alcanzaron un valor de 350.000 millones de euros en 2022 y se constituye como el mayor inversor privado en I+D+i.

Los retos del sector de la industria

El futuro industrial de España se enfrenta a múltiples retos. Su competitividad se encuentra lastrada por unos desproporcionados costes energéticos, una intensa y cambiante sobrerregulación plagada de solapamientos y lentos procedimientos burocráticos, la ausencia de neutralidad tecnológica, una elevada presión fiscal y una nueva realidad geopolítica que amenaza, no solo la cadena de suministro y la autonomía estratégica, sino también el acceso a mercados exteriores.

En este complejo contexto, los diferentes sectores de nuestro tejido productivo están desarrollando ambiciosas hojas de ruta y tecnologías avanzadas para impulsar un crecimiento verde y sostenible que nos permita, en el menor tiempo posible, alcanzar la neutralidad climática y la plena circularidad, compromiso que exige un incremento constante de una inversión cuya financiación deben asumir las propias empresas en base a la mejora de su posición competitiva en los mercados.

A lo largo de la pasada legislatura, la Alianza trasladó al Gobierno y a los diferentes poderes públicos sus propuestas, tanto respecto a proyectos legislativos concretos como sobre iniciativas propias para impulsar la competitividad, pero independientemente de la toma en consideración de las mismas, de forma recurrente, se visualiza un problema de gobernanza que acaba por desfigurar la eficacia de la política industrial en su conjunto.

Propuestas de la Alianza al Gobierno

La propuesta de la Alianza parte de constituir la Comisión Delegada del Gobierno para la Política industrial, un órgano con capacidad para coordinar la actuación de los diferentes departamentos ministeriales con competencias en ámbitos que afectan a la industria. Porque el futuro de la industria está vinculado a las políticas energéticas y medioambientales, al desarrollo de infraestructuras logísticas y de transporte, a la disponibilidad de materias primas minerales, a los programas de innovación, desarrollo tecnológico y digitalización, o al desarrollo de cualificaciones profesionales y de la formación para el empleo. Indudablemente, este órgano permitiría desarrollar una política industrial efectiva y verdaderamente coordinada, así como diseñar adecuadamente la autonomía estratégica que necesita España.

En segundo lugar, sería necesaria la ejecución de la política industrial por lo cual sería preciso contar con una Agencia Estatal, dotada de capacidad operativa y de recursos económicos y humanos suficientes, que actuara de forma coordinada con las diferentes comunidades autónomas. La Agencia, entre otras funciones, podría gestionar los incentivos a la inversión, agilizar mediante procedimientos de ventanilla única proyectos estratégicos industriales, facilitar el desarrollo de proyectos de innovación que respondieran a las necesidades de las empresas, e instituir observatorios de competitividad internacional y de vigilancia normativa, capaces de detectar los diferenciales competitivos alcanzados por terceros países y proponer medidas similares en nuestro país.

Por último, el actual Foro de Alto Nivel de la Industria Española, debería evolucionar e instituirse como Consejo Asesor de Política Industrial, en el que, manteniendo la estructura de su composición, deberían incorporarse atribuciones efectivas para intervenir más eficazmente en el diseño de la estrategia industrial y de los instrumentos de ejecución de la política industrial. Asimismo, el Consejo Asesor debería recuperar los observatorios sectoriales (con la participación de sus respectivos agentes sociales) los cuales elevarían propuestas y medidas específicas para impulsar el desarrollo competitivo y sostenible de aquellas actividades industriales consideradas estratégicas o esenciales desde un punto de vista económico, social, sanitario o de seguridad.

En definitiva, la política industrial española necesita una nueva gobernanza que permita la completa coordinación del Gobierno para adoptar las medidas necesarias que impulsen de forma efectiva la competitividad y el crecimiento verde del tejido productivo español. A cambio, se conseguirá una economía más sólida, avanzada y sostenible, preparada para hacer frente a los retos del futuro y a las tensiones geoestratégicas, y capaz de generar empleo de mayor calidad.