La privacidad de los datos personales en las empresas

Conrado Martínez Alcaraz
Director de Marketing de INFORMA D&B.

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El pasado 25 de mayo de 2018 era el último día para adaptarse al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, normativa europea, que ha supuesto una importante modificación en las políticas de privacidad de las empresas españolas, muchas de las cuales dejaron los deberes para el último minuto. Cualquiera de nosotros recibió un buen puñado de correos, en esas fechas de mayo, pidiéndole que leyera y aceptase las nuevas condiciones que, según la normativa, debían aclarar qué uso hacían estas compañías de los datos que tuvieran de las personas físicas y solicitar su consentimiento explícito.

No cabe duda de que el empleo abusivo de los datos recabados, a veces más de los necesarios, por parte de algunas empresas hacía necesaria una norma que pusiese orden y defendiese los derechos de los particulares. Los datos personales se han convertido en una valiosa mercancía. Es lógico querer saber para qué van a utilizar mis datos y que me soliciten únicamente los estrictamente necesarios para los servicios contratados.

Aunque, como les sucede a todas las normas, hay muchos matices interpretables, y esto ha hecho que surjan numerosas dudas en la aplicación que las empresas han tenido que hacer y que tendrán que ser clarificadas por el regulador.

Un tema de especial relevancia es el tratamiento de la información de personas físicas cuando ejercen sus funciones profesionales. Es decir, qué pasa con el correo electrónico o el teléfono móvil de alguien cuando lo emplea para su trabajo. ¿Hasta qué punto puedo, por ejemplo, conocer estos datos del administrador de una empresa o del director de ventas?

Más sensible es el tema en el caso de los autónomos. Es obvio que hay que diferenciar entre la vertiente personal y la profesional de un autónomo, pero la norma limita la utilización de un email o de un teléfono en su ámbito profesional.

Por un lado, esto parece contradecir los criterios de transparencia empresarial que tanto se priorizan en otras ocasiones, pidiendo que se hagan públicos, por ejemplo, los salarios de los directivos. Y por otro, también puede repercutir en contra de la actividad de muchos pequeños empresarios o autónomos que carecen de teléfono o correo específico de empresa. Dadas las sanciones que estipula la normativa aplicable para quien la incumpla, con cuantías que se podrían elevar hasta los 20 millones de euros, el miedo a utilizar estos datos puede acarrear que no les lleguen propuestas interesantes para ellos.

Tanto empresas como entidades financieras, y cada vez más también los particulares, buscan información antes de iniciar una relación comercial o conceder un crédito. Tener fácil acceso a la mayor cantidad de datos posible incrementa la confianza, reduce las posibilidades de fraude y permite que las operaciones se cierren más rápidamente, por lo que las favorece.

La protección de los datos personales de los particulares es necesaria y deseable, y se debe avanzar más en este camino. Pero los legisladores deben encontrar la forma de separar la vida privada de la actividad empresarial para fomentar la transparencia y la agilidad en los negocios en el caso de los autónomos, directivos, administradores y accionistas.