Hoy entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público

La contratación pública estrena nuevas reglas desde hoy. Por tal motivo, el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las once principales ingenierías españolas, considera que el aumento en la licitación de contratos de ingeniería el año pasado debe ir acompañado de una apuesta clara, y no de mínimos, por una prevalencia de los criterios técnicos en los pliegos de contratación, aprovechando la entrada en vigor mañana de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Para FIDEX, el aumento de inversión pública no tendrá un verdadero impacto en el sector de las ingenierías privadas si las condiciones en la contratación no mejoran. Así, si bien la nueva ley permitirá zanjar la “ingeniería low cost” en nuestro país, la entidad pide que las administraciones y entidades públicas no se limiten a otorgar al criterio técnico el 51% mínimo que exige la norma.
Desde que se aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector Público, e incluso unos meses antes, entidades como ADIF o la Dirección General de Carreteras mostraron voluntad para cambiar las condiciones de contratación. Ambas, de hecho, están otorgando 51 puntos al precio y 49 a la calidad en este periodo previo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, al contrario que AENA, que apuesta por la subasta pura.

Con la nueva ley en la mano, FIDEX pide a las administraciones y entidades públicas un cambio en los pliegos de contratación siguiendo el ejemplo de los principales organismos internacionales. En este sentido, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todas las Agencias Europeas de Ayuda al Desarrollo utilizan la misma fórmula para puntuar las ofertas económicas y otorgan a los criterios técnicos y de calidad un peso de al menos el 80%. Incluso, el Banco Asiático de Desarrollo va más allá estableciendo la relación en un 90-10.

Es fundamental adoptar la fórmula de puntuación económica que utilizan todos estos organismos. En concreto, es preciso que se evite dar cero puntos a una propuesta económica ajustada a la cantidad que los técnicos de la Administración consideran adecuada para el trabajo, ya que equivale a rechazar la oferta de facto, pues es casi imposible compensar este “cero” con la puntuación de la parte técnica.

El tercer gran cambio que pide FIDEX es la utilización del concurso restringido, que es el que utilizan todos los citados organismos internacionales y que además, precisamente, es el que recomienda la nueva ley para los trabajos de ingeniería. Se trata de un modelo que establece una primera fase de selección y una segunda de adjudicación, evitando tener que preparar y analizar con detalle y profundidad 40-50 ofertas, algo antieconómico para las empresas e inviable en la práctica para las administraciones.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público recoge una de las demandas históricas de FIDEX, que es la desaparición de la prevalencia del precio sobre la calidad. No obstante, aún quedan frentes abiertos, como el aumento de la inversión pública hasta el 2-2,5% del PIB.

A pesar del incremento del 54% en el volumen de licitaciones de ingeniería, lo cierto es que los 717 millones de euros cuantificados en 2017 son la cuarta parte de hace una década. En concreto, en 2007, se superaron los 2.600 millones de euros en contratos licitados, por lo que España sigue lejos de las cifras precrisis.

Según Fernando Argüello, director general de FIDEX, “de poco sirve que se licite más o que la nueva Ley de Contratos del Sector Público pueda acabar con las subastas, si en los pliegos no hay una apuesta sustancial por la calidad a precios razonables. Esto es fundamental para que las grandes ingenierías vuelvan a centrar sus esfuerzos en España, un mercado que supone apenas el 10% de su negocio, y que puede acabar con la deslocalización de la ingeniería española”.