El infundado alarmismo sobre las pensiones

José María Triper.
Corresponsal económico de elEconomista.

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La reforma del sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad es una de las cuatro grandes prioridades que Mariano Rajoy se ha marcado para esta legislatura, junto con la salida definitiva de la crisis, la reforma del sistema educativo y la resolución del problema territorial. Por eso la intención del Ejecutivo es alcanzar el máximo consenso social sin posicionamientos partidistas ni alarmismos injustificados.

Un elemento este de los alarmismos sobre el futuro de las pensiones que no sólo es infundado, sino que responde también a los intereses particulares de los aseguradoras y entidades financieras que comercializan los planes privados de pensiones, que buscan rentabilizar más esta rama de productos mientras enturbian el debate sobre una reforma del sistema público, necesaria pero que en modo alguno responde a un problema inminente de falta de fondos para afrontar las pensiones de jubilación a corto y medio plazo.

Si en algo coinciden prácticamente la totalidad de analistas y de los responsables de los principales partidos políticos con representación parlamentaria, es que el Estado, vía impuestos, siempre está detrás del sistema público de pensiones, por lo que las pensiones están garantizadas y no se considera una tragedia que se agote el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Una “hucha” de las pensiones que precisamente se creó para afrontar situaciones en las que los ingresos del sistema fueran insuficientes para afrontar pagos puntuales, como ocurre ahora y que, por cierto, está obteniendo unas rentabilidades en su gestión muy superiores a las que ofrecen los planes privados.

Por otra parte, este proyecto de reforma del sistema en el que trabaja el Ejecutivo incluye también la integración de todas las entidades gestoras en la Seguridad Social, dispersas por diversos ministerios, y especialmente el Inserso, que actualmente depende del Sanidad y Asuntos Sociales, pero que se financia con fondos del Ministerio de Empleo, sin que este pueda intervenir en su gestión. Algo que ahora se pretende corregir.

Otro elemento fundamental de la reforma es el aumento de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social en un 3 por ciento anunciado por el Gobierno es sólo el primer paso para un destope paulatino tanto de la cotización como de la cuantía de las pensiones, que se irá materializando de aquí al final de la legislatura.

Este destope de cotizaciones irá acompañado de otras medidas como la separación de fuentes de financiación para que las pensiones no contributivas se financien vía Presupuestos del Estado, la compatibilización del cien por cien de la pensión con el desempeño de una actividad laboral, y potenciar la lucha contra la economía sumergida, que los datos de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social sobre empresas ficticias en 2015 estiman en 6.000 millones de euros.

Actuaciones todas ellas eficaces pero que deben ser complementadas necesariamente con la creación de más empleo y de mayor calidad, además de con mejoras salariales, para incrementar los ingresos del sistema que es la piedra angular de la sostenibilidad. En Moncloa están convencidos de que el objetivo de los 20 millones de empleos puede ser una realidad antes, incluso, del final de la legislatura en 2020. Un año antes, en concreto. Que así sea.

José María Triper.
Corresponsal económico de elEconomista.