Año continuista para el sector agroalimentario, que mira al mercado exterior

Culmina para el sector agroalimentario un año atípico en lo político -con un ministerio en funciones hasta el 4 de noviembre-, adverso en lo climatológico, de éxito en las exportaciones y marcado por las incertidumbres. Isabel García Tejerina continúa al frente del Ministerio -que pasa a denominarse de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente- en la nueva legislatura, valorada por su trabajo y su carácter negociador por agricultores y ganaderos, industriales y distribuidores agroalimentarios, y con apenas cambios en su equipo.

La negociación del acuerdo transatlántico de comercio con Estados Unidos (TTIP), la salida del Reino Unido de la Unión Europea (“brexit”) y la prórroga del veto ruso han marcado los debates sobre el futuro del mercado exterior para las producciones comunitarias. El año acaba también con la elección de Donald Trump al frente del Gobierno de Estados Unidos como última causa de incertidumbre para el sector por su influencia en las relaciones internacionales. La futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), sea una intermedia para simplificarla o una de cara a la programación a partir de 2020, centra su debate en la definición de agricultor activo, el compromiso con el medioambiente y el reparto de los fondos. En el ámbito nacional, los precios en origen siguen siendo los protagonistas de los quebraderos de cabeza de los productores, especialmente del sector lácteo, así como las amenazas a la sanidad vegetal y animal (con la gripe aviar o la “xylella fastidiosa” del olivar prácticamente a las puertas de la Península) o las diferencias de opinión sobre la política hidrológica. El agua fue protagonista, además, por la sequía en algunas zonas productoras y por las inundaciones, que han causado numerosos daños al sector en la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia. Las empresas alimentarias coparon los titulares, con la entrada en Bolsa de compañías como Telepizza o Coca-Cola European Partners; el incendio de la planta de Ybarra, los cierres de Lactalis y Sada, o la evolución de compañías como Pescanova, Campofrío o Deoleo.

Para la distribución, ha sido un ejercicio en el que las consecuencias de la entrada de Amazon en la venta de alimentos frescos y el auge de las plataformas de comercialización “on line” han provocado la respuesta inmediata del sector, que se afana en la modernización de formatos y la mejora de su e-commerce. Sumado a ello, varios grupos de la distribución han recibido las denuncias de organizaciones de agricultores y ganaderos por el uso de alimentos reclamo y venta a pérdidas, extremo negado por las compañías, que aseguran respetar la ley de la cadena alimentaria. Y mientras el sector de los cereales vive una relativa calma en los mercados de “commodities” internacionales y buenas perspectivas para la campaña 2015-17, el remolachero espera con temor -y entre protestas- que se concrete el impuesto anunciado por el Gobierno para las bebidas azucaradas y carbonatadas, además del fin de las cuotas comunitarias establecido para 2017. Un alza impositiva que también alcanzó al tabaco y las bebidas espirituosas, pero dejó al margen al sector del vino, que se encuentra en un momento de expansión internacional, al tiempo que lucha por recuperar el consumo interno. En el sector del aceite, España consolida su liderazgo y prevé 1.380.000 t para la campaña 2016-17 (un crecimiento del 1 % respecto a la anterior). Y continúa en tercer lugar en la producción de vino -por detrás de Italia y Francia-, con unos 38 millones de hectolitros (un -5 %). Por su parte, el sector de la pesca acaba el año con el acuerdo sobre las capturas para 2017 en el Atlántico de la Unión Europea, que incrementa en 41.000 t las cuotas para la flota española; sin embargo, habrá bajadas en el Cantábrico (en jurel o merluza). Por el contrario, la flota del Mediterráneo ha constatado en 2016 la situación delicada de la mayor parte de las especies y la necesidad de medidas para recuperar los caladeros, y preocupa al sector el “brexit” o la demora en programas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (Femp).