Inversión en Colombia: panorama fiscal en un camino hacia la paz

Camilo Zarama y Natalia Pardo.
Socio director y Asociada de la práctica tributaria de Garrigues Colombia.

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El 26 de septiembre de 2016 marca un hito en la historia de Colombia al haber, tras más de 50 años de conflicto, firmado el Acuerdo para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras más de 4 años de negociación en la Habana. Hay conciencia de que son muchas las variables que se requieren para que este país pueda alcanzar la paz, pero sin duda este acuerdo permite soñar con que este es el primer paso en la dirección correcta.

Sin duda una de las banderas de este país del postconflicto, es la convicción de que en un país de cerca de 1,15 millones de kilómetros cuadrados de superficie (un poco más del doble de España) el camino hacia la paz, parte de una homogenización del territorio en materia de desarrollo. Es claro que las condiciones de existencia, de institucionalidad y de acceso a oportunidades de las cinco urbes más grandes que pueden agrupar cerca de un 30% del total de su población, contrastan con los más de 1.000 municipios restantes, creando una brecha que sin duda el país viene esforzándose en cerrar.

Sin embargo, es claro que el esfuerzo económico al que ve abocado el país es grande, ya que los costos que pueden derivarse del posconflicto, llegan como una carga adicional a la ya difícil situación que se viene afrontando por concepto de la afectación que ha tenido la industria petrolera en el mundo, entre otros. Aunque parte de los recursos requeridos, con el tiempo sin duda vendrán del menor gasto que por concepto de seguridad se vienen afrontando, el camino hacia ese momento aún falta recorrerlo. Las estimaciones varían entre los diferentes estamentos, pero la Comisión de Paz del Congreso de la República ha establecido un costo del posconflicto de 27.810 millones de euros en un periodo de 10 años.

El Fondo Monetario Internacional, en esta línea, recientemente aprobó un acuerdo de dos años con Colombia bajo la Línea de Crédito Flexible por la suma de 11,5 mil millones de dólares, destacando el mismo el buen funcionamiento de las políticas macroeconómicas implementadas, con el objeto de darle una respuesta coordinada y gradual a las bajas en el precio del petróleo.

En los últimos cinco años el país ha registrado un crecimiento del PIB de hasta el 4.6% y está catalogado como aquel con mayor estabilidad económica de la región de acuerdo a los informes del Banco Mundial. Con un crecimiento en el PIB actualmente esperado del 2% anual, Colombia se ubica entre los veinticinco países con mejor desempeño PIB en el mundo, siendo el mejor de Latinoamérica.

Igualmente, en materia de integración Colombia ha celebrado dieciséis acuerdos comerciales internacionales que se encuentran vigentes hasta la fecha. De estos, se resalta el tratado con la Unión Europea, con la CAN, la Alianza del Pacífico, con la EFTA, MERCOSUR y el TLC con los Estados Unidos de América. Por medio de estos tratados, Colombia ha logrado afianzar sus relaciones económicas y sin duda colocarse en el seno de importantes mercados internacionales de los que se espera un gran desarrollo.

Siendo las exigencias altas, para Colombia es fundamental continuar el camino que viene recorriendo donde se ha consolidado como una de las economías latinoamericanas preferidas por los inversionistas a partir de (i) un marco de estabilidad, que debería aún ser mejor en la era de posconflicto, (ii) la protección a los inversionistas extranjeros mediante la celebración de convenios sumada a una larga trayectoria en materia de respeto a la propiedad privada, (iii) la protección a la propiedad intelectual, (iv) la adopción de estándares internacionales -tales como en materia contable de las NIIF-, y (v) incentivos tributarios en sectores de especial interés para el país, acompañado de la firma de los Convenios de Doble Imposición que brinda mayores garantías y seguridad para las inversiones extranjeras.

Estando en esta senda de desarrollo, se hace imperativo que se tomen medidas sobre el sistema impositivo del país, que permitan de una parte generar los recursos necesarios para los gastos crecientes que se afrontan, manteniendo el equilibrio en cuanto la carga que puede ser asumida por parte de los contribuyentes. Así para la primera quincena de Octubre de 2016, está prevista la radicación de una nueva reforma tributaria, que aunque se ha planteado que debería referirse a los elementos estructurales del sistema, sin duda la coyuntura la llevara a referirse al esencial tema del recaudo.

De esta reforma destacamos, de lo poco que se ha podido saber del proyecto del Gobierno, los siguientes puntos:

– A efectos del Impuesto Corporativo de Sociedades es claro que Colombia se encuentra en tasas limites (temporalmente del 40% hasta el 43%) por lo que en este aspecto, lo que se ha planteado como expectativa es una reestructuración del Impuesto (Unificación de los dos tramos Renta y CREE) tomando una tarifa que oscile alrededor del 35%, y que parte de las NIIF (Actualmente la base tributaria sigue atada al régimen contable anterior). Esta modificación aunque podría ser profunda en sus alcances, y generadora de múltiples debates, se considera que es muy difícil de que se concrete dado el corto plazo que tiene la Ley al tener que ser aprobada antes de terminar el año.

– El gravamen sobre los dividendos ha sido un tema que se ha venido ampliamente debatiendo, y sobre el cual existe un consenso en su implantación. En general los dividendos en la actualidad no son gravados, salvo que la sociedad no haya tributado sobre sus rentas. En este aspecto, los países con protección de los CDI respectivos, como es el caso de España, se esgrimen como plataformas de inversión óptimas al dejar libre de gravamen en varios supuestos este flujo económico.

– A efectos del IVA, la tarifa general que se encuentra actualmente en el 16% se ha planteado suba al menos hasta el 19%, en un proceso escalonado de dos a tres años. Esta medida por la importancia recaudatoria que tiene se presenta como un elemento central de la Reforma, pese a la opción que genera por su impacto generalizado.

Sin perjuicio del resultado de esta reforma del cual habrá que estar pendiente en sus efectos finales, se ha venido discutiendo por parte del Gobierno igualmente, la necesidad de la implementación de los incentivos tributarios y legales, para el desarrollo de actividades económicas en las zonas menos desarrolladas que coinciden con ser las más afectadas por el conflicto que se ha cerrado. Para los inversionistas estos sin duda pueden ser una oportunidad, ya que se han planteado aspectos tales como (i) disminución de la carga tributaria en los proyectos de infraestructura, (ii) creación de zonas con vacaciones fiscales durante periodos de hasta diez años, (iii) seguros para los inversionistas que garanticen el mantenimiento de las condiciones de orden público y de seguridad jurídica de los proyectos de inversión que se adelanten, (iv) bonificación del gasto a efectos el impuesto de sociedades y exención del IVA en la adquisición de los bienes producidos en esta zonas, entre otros.

Así, pese a los importantes retos que tiene Colombia, sin duda vienen oportunidades de desarrollo y de negocio, que marcan la senda de la construcción de un país sostenible y en paz de la mano de todos aquellos que quieran acompañar este proceso.

Camilo Zarama y Natalia Pardo.
Socio director y Asociada de la práctica tributaria de Garrigues Colombia.