José María Triper. Periodista económico.
La recuperación del mercado único en España, una de las promesas de Mariano Rajoy en su discurso de investidura, aunque tarde viene a poner el punto y final a ese disparate legislativo de las comunidades autónomas que obligaba, en muchos casos, al profesional y al empresario a tener hasta 17 licencias distintas y someterse a 17 normativas y legislaciones diferentes para vender un producto o ejercer una actividad profesional en el conjunto de España, con el consiguiente sobrecoste económico para las empresas y los profesionales.
Un caos normativo que estaba deteriorando la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas, fomentando la inseguridad jurídica y desincentivando las inversiones extranjeras y la creación de empleo, en un país que supera los seis millones de parados.
Un obstáculo al crecimiento y también una discriminación contraria a la libertad de empresa consagrada en la Constitución, puesto que esta orgía regulatoria está afectando de forma diferenciada y arbitraria a la actividad económica de las empresas y profesionales según el lugar de España en el que inician o ejercen su actividad.
Sólo un dato, desde la creación de las autonomías, éstas han emitido 67.000 normas que equivalen a más de un millón de folios, mientras que en Alemania, desde la creación de los Lander tan sólo cien mil folios. Todo un desvarío, de los muchos a que ha llevado la disparatada estructura del estado de las autonomías, que se creó para acercar la administración al ciudadano y que por la insensatez de los políticos se ha convertido en la reedición de los reinos de taifas medievales y en una orgía de gasto y de derroche.
Que un producto o un profesional necesite hasta 17 licencias diferentes para venderse o trabajar y que para un empresario nacional sea más fácil exportar o realizar una inversión en cualquier país de la UE que vender o instalarse en otra región española distinta de la suya es una extravagancia que nunca debería haberse permitido. Como también lo es que un país moderno genere 3.000 normativas legales cada año y 700.000 páginas del BOE.
Esto es lo que está pasando hoy en este país y este y otros contrasentidos similares son los que tienen que cambiar, por razón de Estado, por imperativo de regeneración política y recuperación económica y porque lo demanda una ciudadanía, cada día más harta de pagar las duplicidades, derroches e ineficiencias de los “taifas”.
Una unidad de mercado que, además, los técnicos de la Secretaría de Estado de Comercio estiman que van a generar una aportación de 1.500 millones anuales al crecimiento de la economía, el 0,15 por ciento del PIB, durante los próximos diez años, además una mejora de 1,23 puntos en la productividad nacional.
Más libertad, más unidad de mercado y menos burocracia y sector público. Esa sí es la fórmula para crecer y crear empleo. ¡Que cunda!
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