Opinión Garrigues
En los últimos días de 2012, el Congreso Estadounidense, junto con la administración Obama, trabajó frenéticamente para evitar el denominado “fiscal cliff” (precipicio fiscal) que hubiera entrado en vigor el 1 de enero del 2013. El resultado de dicho esfuerzo es la “American Taxpayer Relief Act of 2012” (en adelante, la “Ley”), aprobada el 1 de enero de 2013.
La Ley representa un acuerdo parcial sobre la normativa existente que prorroga algunas de las deducciones fiscales adoptadas bajo la administración Bush y difiere durante dos (2) meses determinadas deducciones de gastos obligatorios.
A continuación procedemos a resumir las medidas más importantes de la Ley.
• Reestablece los tipos máximos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta un 39.6% (antes un 35%) para aquellas parejas con ingresos conjuntos que superen los $450.000 y para personas físicas individuales cuyos ingresos alcancen los $400.000. Los umbrales serán adaptados anualmente a la inflación.
• Incrementa la imposición sobre ganancias de capital y dividendos a un veinte por ciento (20%) (antes un 15%) para aquellas personas que tributan al tipo máximo.
• Extiende permanentemente las deducciones fiscales adoptadas por la administración Bush durante los años 2001 y 2003 para aquellas personas que no tributan al tipo máximo.
• Elimina por fases exenciones personales y limita determinadas deducciones para para aquellas parejas con ingresos que conjuntamente superen los $300.000 y personas físicas individuales con ingresos que superen los $250.000.
• Eleva el impuesto federal de sucesiones a un cuarenta por ciento (40%) (antes un 35%), con exención para aquellas herencias con un valor inferior de $5.000.000. Dicho umbral será adaptado anualmente a la inflación.
• Prolonga, durante cinco (5) años, los créditos disponibles por gastos de educación superior, deducciones por hijos y familias numerosas.
• Eleva el mínimo exento del impuesto mínimo a $50.000 (de $48.450) para personas físicas individuales y a $78.750 (de $74.445) para parejas.
• Prorroga la prestación por desempleo de largo plazo durante el año 2013.
• Aplaza un año las deducciones por utilización e inversiones en energías renovables y fabricación de productos “eficientes” y la depreciación en un cincuenta por ciento (50%) de nuevos equipos e inversiones.
• Extiende un año los créditos para determinados gastos de empresas, entre ellos, los de investigación y desarrollo.
• Reestablece la contribución en materia de seguridad social en un seis coma dos por ciento (6,2%) del salario hasta una contribución máxima de $113.700.
• Difiere durante dos meses el recorte de gastos automáticos (sequestration) adoptados en el Budget Control Act of 2011.
Fruto de las labores de lobby, la Ley no incluye cambios al tratamiento de los “carried interests” de los gestores de hedge funds y firmas de private equity. La imposición sobre el “carried interest” seguirá siendo el de ganancias de capital con su tipo preferencial y no el de renta ordinaria.
Dado que el Joint Select Committee on Deficit Reduction no pudo llegar a un acuerdo con respecto a reducción del déficit, transcurridos los dos meses de aplazamiento previstos, el recorte de gastos automáticos (“sequestration”) previstos por el Budget Control Act of 2011 se ha puesto en marcha.
La citada “sequestration” consiste en el recorte de gastos federales en el entorno de $85 billones de dólares durante el año fiscal de 2013. Esta cantidad representa el 2,4% del presupuesto federal y 0,5% de la economía estadounidense.
La mayor parte de los recortes afectaran al presupuesto de defensa y a empleados civiles del gobierno federal, como por ejemplo, agentes de aduana y de inmigración, abogados del distrito o controladores aéreos.
Hasta la fecha, los mercados financieros han asumido que la citada “sequestration” es una medida de austeridad necesaria y no han reaccionado negativamente a su entrada en vigor.
La Ley y el Convenio para Evitar la Doble Imposición Tributaria entre EEUU y España
Para inversores españoles en EEUU y otros residentes, los cambios introducidos por la Ley deberán ser analizados en conjunto con el nuevo convenio de doble imposición, cuyo protocolo de modificación se firmó el 14 de enero de 2013 entre los gobiernos de España y EEUU (el “Protocolo”).
El Protocolo (que aún debe ser ratificado por las cámaras en ambos países), entre otras cosas, elimina la retención sobre algunos dividendos repatriados, intereses y royalties, asimilando el convenio a los convenios que tanto EEUU y España han celebrado con otros socios de la Unión Europea.
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