Opinión
Supongo que los momentos de crisis son propensos a los cambios; cambios que proceden de la ruptura con las prácticas y los principios vigentes hasta esos momentos y que pueden acabar generando una auténtica catarsis. Estos momentos de duda, de cuestionarlo todo, favorecen que aparezcan voces cuestionando temas que hasta entonces formaban parte del Olimpo de lo intocable.
Tal vez sea esa la explicación de que últimamente sean cada vez más frecuentes las opiniones, desde distintos orígenes y en distintos medios, reclamando un cambio, incluso constitucional, de nuestro marco autonómico.
No creo que nadie pretenda volver atrás, desandar lo andado. Es incuestionable la infinidad de aspectos positivos que las Autonomías han aportado al Estado en general y a los ciudadanos en particular. Entiendo que se trata de poner coto a ciertos aspectos cuya racionalidad es más que dudosa.
Curiosamente la mayoría de los comentarios que aparecen critican el modelo autonómico en relación con el control del gasto, el déficit y el endeudamiento en clara vinculación con el problema del estado.
No obstante, aparecen pocas voces que expongan el que probablemente sea el gran problema de fondo y que no responde a una situación coyuntural de crisis sino al endémico daño que el modelo autonómico ha hecho y está haciendo al tejido empresarial español.
Una de las consecuencias más dañinas que han generado las Autonomías ha sido la fragmentación del mercado.
Diferentes normativas de producción, etiquetado, impacto ambiental, fiscalidad… nos han llevado a que para las empresas españolas hayamos pasado de un mercado de 44 millones de potenciales clientes a 19 mercados con una media de 2 millones.
No es casual que el ranking de las mayores empresas del mundo esté cuajado de compañías cuyos mercados naturales son poblaciones de gran tamaño.
Tampoco es casual que las mayores empresas españolas, aquellas que se han convertido en auténticas multinacionales, procedan de entornos monopolíticos o de sectores poco regulados localmente, es decir, sean aquellas cuyo mercado es la totalidad del territorio nacional.
En un contexto de pérdida de competitividad en el que los paradigmas de las políticas públicas pretenden impulsar la innovación y la internacionalización, la realidad demuestra que la situación autonómica va en dirección contraria.
En España más del 90% de nuestras empresas son PYME. Su dimensión se ve limitada por el mercado al que atienden y su capacidad para innovar o exportar es casi nula. En esta situación su posibilidad de sobrevivir a una crisis marcada por un profundo descenso del consumo interno es dudosa.
Desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles venimos denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. De hecho, en la Cumbre de Internacionalización organizada por le Club hace un año fue uno de los temas que surgió de manera recurrente en varias de las ponencias allí presentadas.
Esperamos que todas las recomendaciones y sugerencias que hemos venido realizando se incorporen al conjunto de otras voces que reclaman actuaciones parecidas y consigamos mejorar las condiciones de desarrollo de todas nuestras empresas.
Luis Villarroya
Vicepresidente del Club de Exportadores Inversores Españoles.
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